También comparecerá el “subse” en el que el ex ministro descargó la responsabilidad de las adjudicaciones
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El instructor del ‘caso Koldo’ interrogará esta semana como testigo a JRG, la que fuera pareja de José Luis Ábalos durante dos años, que ha aflorado en la causa porque se habría beneficiado de las comisiones en especie pagadas por la presunta trama a cambio de contratos públicos mediante dos vías: el alquiler del piso ubicado en la Plaza de España de Madrid y su contratación en dos empresas públicas.
La joven está citada a las 10.00 horas del 27 de febrero en el marco de la causa donde se investiga a Ábalos, a su ex asesor ministerial Koldo García y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos para comprar material sanitario en plena pandemia y de obras.
Uno de los puntos clave de su testimonio será la vivienda situada en la undécima planta del edificio Torre de Madrid, en Plaza de España, donde vivió como inquilina entre marzo de 2019 y marzo de 2022 con una renta mensual de 2.700 euros que no pagó ella.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en uno de sus informes que De Aldama, a través de presuntos testaferros, se habría hecho cargo del pago del alquiler llegando a abonar 82.298 euros.
En concreto, la Benemérita identificó a Alberto Escolano, uno de los socios de De Aldama, y a sus sociedades como verdaderos pagadores. Este empresario también está citado para declarar a las 11.00 horas del próximo jueves.
Sin embargo, Ábalos y Koldo sostuvieron en sus respectivas declaraciones judiciales que fue el asesor ministerial quien se ocupó de buscar, gestionar y pagar ese alquiler porque JRG era su “amiga”, incluso antes de empezar una relación sentimental con el ex ministro.
De acuerdo con Koldo, JRG tenía una situación de “emergencia” habitacional. En ese momento, él estaba alquilado con su mujer e hija en una casa de 35 metros cuadrados, por lo que no era una opción. El ex asesor ministerial se lo comentó a Escolano, que le ofreció que se quedara en el piso que en ese momento estaban buscando para una de sus empresas. “Me haces un favor como la copa de un pino”, le espetó García, según su declaración como imputado del pasado 17 de diciembre.
El propio Koldo, a preguntas del instructor del caso en el TS, Leopoldo Puente, reconoció que esa estancia provisional se alargó y que entonces, sostuvo, tanto la propia JRG como él, con el dinero de su hermano, Joseba García, y de su hija menor, se hicieron cargo de los pagos. No obstante, el magistrado puso de relieve que solo había constancia de las transferencias bancarias de Escolano y sus empresas y, efectivamente, de su hermano y su hija (por un total de 5.803 euros).
Otro de los puntos de interés del interrogatorio a JRG será, previsiblemente, su contratación en INECO y TRAGSATEC, empresas públicas dependientes de Transportes y la SEPI, respectivamente. Koldo admitió ante el juez que se la contrató, primero en una y luego en otra, porque pidió “un favor” a su hermano, que tenía relación con ambas compañías.
Según él, hubo más candidatos y ella estaba “preparada” pero reconoció que se la eligió por ser persona de “confianza” para llevar “el tema de Joseba”. En este punto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que se necesitara a una persona de confianza para hacer tareas administrativas.
Sobre este segundo eje, consta en las pesquisas un mensaje de WhatsApp de Ábalos a Koldo, enviado el 23 de febrero de 2021 avisándole de que a JRG se le iba a acabar el contrato con INECO. “Pensó que podría ayudar”, expuso el ex asesor ministerial, apostillando que la gente le solía ayudar cuando intentaba conseguir trabajo para otras personas. El 2 de marzo de 2021, la joven firmó un nuevo contrato con TRAGSATEC, según la UCO.
“ME LIMITÉ A FIRMAR UNA ORDEN MINISTERIAL”
Además de ella, la próxima semana está previsto que declaren otros ocho testigos desde las 10.00 horas del próximo martes. El primero en comparecer será el ex secretario de Estado de Transportes Jesús Manuel Gómez, en el que Ábalos descargó toda la responsabilidad de la adjudicación de los contratos para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa de De Aldama.
“Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada”, afirmó el antiguo responsable de Transportes, recalcando que no solo no dio “ninguna instrucción” para que se contratara con una determinada empresa, sino “más bien lo contrario”.
Explicó que, como al Ministerio llegaban “ofertas a veces muy exóticas” y había “mucha ansiedad” en el Gobierno por conseguir material sanitario, temía que la urgencia pudiera derivar en “irregularidades” –advirtiendo incluso “riesgos de malversación”–. Para evitarlo, puso este asunto en manos de Gómez, “sin conocerlo, simplemente por su currículum: Era interventor de Hacienda”.
Ábalos destacó que, aunque no era obligatorio en ese contexto de emergencia, “se pidieron más ofertas” y se bloqueó el pago hasta que el material llegara. De todo ello, aseveró, se ocupó Gómez.
LA EMPRESARIA QUE DIJO HABER LLEVADO 90.000 EUROS A FERRAZ
Ese mismo martes declararán la empresaria Carmen Pano y su hija que, según avanzó ‘The Objective’, aseguró que en octubre de 2020 llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, presuntamente, por indicación de De Aldama a cambio de que otro de sus socios, Claudio Rivas, consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel, un asunto que ha dado pie a otra investigación en la Audiencia Nacional.
Aunque en esta causa están citadas como testigos, están imputadas en el caso que instruye el Juzgado Central de Instrucción Número 5, a cargo de Santiago Pedraz, por un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Rivas es otro de los investigados en esta segunda causa –y en otras, también instruidas en la Audiencia Nacional, por hechos similares–, si bien en el ‘caso Koldo’ su relevancia se debe a que, según la UCO, era quien realmente controlaba Have Got Time, pese a que estaba titulada por la hija de Pano. En junio de 2021, esa empresa pagó 526.500.377 euros por la compra del chalet gaditano de La Alcaidea que se alquiló ese mismo verano para las vacaciones familiares de Ábalos.
Ya el próximo jueves, además de Escolano, al que la UCO describe como un “presunto testaferro” de De Aldama, comparecerán como testigos otros tres empresarios: Manuel Salles, José Ruz y Manuel Contreras.
Este último quiso querellarse contra De Aldama por acusarle de pagar mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. El Supremo le denegó el permiso, alegando que, “en este momento”, las afirmaciones del presunto conseguidor no están “mínimamente contrastadas”.
Las testificales continuarán el 4 de marzo, con Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para el que –a decir de De Aldama– Koldo solcitó 25.000 euros después de que el empresario le pidiera el favor de aplazar un embargo para una de sus compañías. También están citados el hijo de Ábalos y el hermano de Koldo, entre otros.
Ya el 5 de marzo, último día previsto para declaraciones de testigos, están llamados los ex altos cargos de Transportes Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera, así como Alejandro de Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que fue cesado el pasado enero.
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