MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debatirá y votará la próxima semana la proposición no de ley de Junts en la que se anima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a considerar la oportunidad de someterse a una cuestión de confianza para medir sus apoyos parlamentarios en el Congreso.
Así lo ha decidido Junts, que tenia reservado cupo en el orden del día del Pleno de la próxima semana, conforme se acordó este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara. La formación independentista tenía tres propuestas registradas para meter en el Pleno y ha elegido que sea la cuestión de confianza. Su debate se prevé para el martes 25, pero su votación llegará al día siguiente, según han precisado fuentes parlamentarias.
Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación.
EL PP Y LOS LETRADOS NUNCA VIERON PROBLEMA
La primera vez fue el 17 de diciembre y, un mes después, el 16 de enero, la Mesa volvió a dejar su decisión en el aire. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa, en consonancia con lo planteado por los servicios jurídicos.
Los letrados siempre han mantenido que era la Mesa la que debía decidir y fijar doctrina, pues era la primera vez que se instaba a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley. Aunque la utilización de este instrumento es potestad exclusiva del presidente, también recalcaron que, incluso si se aprobara, no tendría efectos jurídicos, pues las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento.
El hecho de que la cuestión de confianza es prerrogativa del presidente del Gobierno y que sólo él puede activarla era el argumento usado por el PSOE para justificar sus resistencias a tramitar la propuesta de Junts. Eso sí, hace 30 años, gobernando también el PSOE, sí que se permitió debatir una moción de CC pidiendo al presidente Felipe González que convocara elecciones, otra competencia exclusiva de Moncloa.
ASUMEN QUE NO TIENE EFECTOS JURÍDICOS
Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y, a cambio del apoyo de los de Carles Puigdemont a la convalidación del mismo en el segundo intento, el PSOE aceptó tramitarla una vez que se rebajara su redacción y la Mesa la calificó, por unanimidad, el pasado 4 de febrero.
Si el texto original, que sólo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya sólo anima a Sánchez a “considerar la oportunidad” de plantearla. Y la descafeinó más al añadir expresamente que su propuesta sólo tiene un valor político, carece de “efectos jurídicos” para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una “prerrogativa que le confiere la Constitución”.
Lo que no modificó Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando de que no ven voluntad política en el presidente del Gobierno para cumplir los acuerdos y que con esa dinámica “no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura”. Pero la exposición de motivos no se vota y ni tiene efectos.
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