MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La proposición de ley orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, registrada este martes en el Congreso por PSOE y Junts, exige, por parte de los migrantes, el “respeto a los valores cívicos” y “conocimientos lingüísticos y culturales”.
“Con la petición para asumir de manera integral la delegación de competencias, Catalunya apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge. Este marco de derechos y deberes debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad”, subraya el texto, consultado por Europa Press.
En la exposición de motivos, PSOE y Junts defienden un “nuevo contrato social atractivo” para las personas migrantes que sirva “para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades”, así como “para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura”.
“Es muy importante que este marco de derechos y deberes también cree un marco cívico que vaya más allá de la lengua y la cultura y que integre una serie de valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género, entre muchos otros”, añaden.
Según explican en el texto, en España, el fenómeno migratorio es “muy desigual” y presenta realidades diferentes según cada comunidad autónoma, y puntualizan que “uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado es el de Catalunya”.
“No es un fenómeno nuevo, porque Catalunya siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población procedente de fuera y ha tenido la capacidad de integrar a la catalanidad a estos recién llegados ofreciéndoles un futuro mejor”, puntualizan, al tiempo que recuerdan, citando datos del Instituto de Estadística de Catalunya, que “solo” en el año 2022 en Catalunya inmigraron 246.869 personas procedentes del extranjero (101.720 de América), cuando hace apenas diez años la cifra fue de 91.511 personas en conjunto.
A lo expresado anteriormente añaden, “en el caso de Catalunya, el impacto que representa para la lengua catalana, que la Ley Orgánica del Estatuto de Catalunya declara que es su lengua propia”.
En este contexto, consideran “necesario” dadas “las características de la situación” en Cataluña, “facilitar a sus autoridades la delegación de competencias así como los recursos legales, técnicos, económicos y humanos para que el fenómeno migratorio pueda gestionarse desde la proximidad y las necesidades del territorio”.
“No disponer de ellos va en detrimento del bienestar de la sociedad que acoge y del desarrollo personal y profesional de todas las personas que llegan, muy especialmente de las más vulnerables”, advierten PSOE y Junts.
Además, ponen de relieve “la experiencia de años” por parte de la administración de la Generalitat de Cataluña y el “marco legislativo preexistente sobre el cual se puede desarrollar la delegación de competencias”.
Entre otros ejemplos, recuerdan que en el artículo 138.1 del Estatuto “se otorgan a la Generalitat competencias exclusivas en materia de primera acogida e integración”.
Además, apuntan que la vocación de la sociedad catalana de gestionar por sí misma el fenómeno migratorio viene “de lejos” pues ya en 1992, un acuerdo del Gobierno creó la Comisión Interdepartamental de Inmigración para el seguimiento y la coordinación de actuaciones en esta materia. Asimismo, destacan el Decreto 293/2000 por el cual se crea la Secretaría para la Inmigración, o la Ley 10/2010 de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Catalunya.
EVITAR RIESGOS PARA LA CONVIVENCIA
Por otro lado, en la proposición de ley también subrayan la responsabilidad de los gobiernos de “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.
En este sentido, advierten de “la desinformación y los bulos, que pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo” que abarcan “desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo”, fenómenos ante los cuales invitan a “reaccionar y actuar sin complejos”.
Entre otras medidas incluidas en la proposición de ley, se contempla la gestión por parte de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
También llevará a los Mossos d’Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Además, Cataluña se configurará como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración.
El acuerdo también recoge que Cataluña ejerzca la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
Para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá “los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios” para que Cataluña las pueda ejercer.
La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas “facultades correspondientes a materia de titularidad estatal” que por su propia naturaleza “sean susceptibles de transferencia o delegación”.
El acuerdo, firmado en Bruselas por socialistas y posconvergentes, se ha cerrado una semana después de que los de Carles Puigdemont retirasen en el Congreso la moción de confianza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
- Te recomendamos -
