Defiende que las redes sociales tengan las mismas responsabilidades que los medios de comunicación
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) y presidenta del Comité de Personas Expertas para la Generación de un Entorno Digital Seguro para la Juventud y la Infancia, Ana Caballero, ha advertido de que el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales “no va a la raíz del problema”.
“Hemos visto el anteproyecto de ley con cierta preocupación. Hay artículos y cuestiones fantásticas pero considero que no se va a la raíz del problema, que son las prácticas abusivas que hacen las OTT (plataformas de vídeo), que ni se las nombra”, ha señalado este miércoles Caballero durante su comparecencia ante la Comisión de Transformación Digital del Senado.
No obstante, Caballero ha precisado que su comparecencia en la Cámara Alta es en condición de vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital y no como presidenta del Comité de Personas Expertas.
La experta ha criticado que el anteproyecto de ley no nombra “las prácticas abusivas que hace Google, ni las que hace Meta, ni las que hace Twitch, ni TikTok, ni Youtube”. “No se las nombra, se habla así de soslayo, de adicción a la tecnología, pero no se explica y tampoco se imponen medidas ni obligaciones”, ha lamentado.
También ha avisado de que el texto tiene “un problema de redacción”, ya que “se habla varias veces de uso responsable” cuando, en sus palabras, debería referirse al “uso seguro y crítico y de consumo responsable”. “Queremos que ese ecosistema en el que se pueda desarrollar el menor sea seguro y saludable y eso nos lo tienen que garantizar los poderes públicos pero también las empresas que operan en ese entorno digital, de ahí la regulación y, sin embargo, no veo regulación al efecto”, ha apostillado.
Caballero propone buscar fórmulas que legitimen al menor para solicitar una reparación de los daños a través de la legislación, dotando de competencias al Ministerio Fiscal o a las entidades autonómicas que llevan la protección de los menores “para que, igual que pasa en Estados Unidos, puedan iniciar una acción colectiva en defensa de los intereses”.
“Con lo cual, contenta porque se regula en algunos aspectos, pero no tan contenta porque, desgraciadamente, un asunto que es de vital importancia para nosotros, que es la regularización de esas empresas que están haciendo ese daño, pues, sinceramente, no se realiza en ese anteproyecto”, ha subrayado.
Sobre si las redes sociales deben ser consideradas como medios de comunicación, Caballero ha zanjado que, a su juicio, “de facto son medios de comunicación”.
“No quieren ser medios de comunicación porque eso tiene unas implicaciones jurídicas que ellos no quieren cumplir, de responsabilidad, pero también de derechos fundamentales, como es el tema de la veracidad que hoy en día no cumplen con ello”, ha afirmado.
“LOS MENORES SE INFORMAN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES”
En este contexto, la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital ha explicado que los menores se informan actualmente a través de las redes sociales, en vez de hacerlo a través de los medios tradicionales. “Ahí la manipulación y la desinformación es mucho más fácil, por eso es una de las cosas en las que yo entiendo que se debe regular”, ha recalcado.
Respecto al uso de teléfonos móviles con fines pedagógicos en los colegios, Caballero ha reclamado que los dispositivos que se utilicen en el aula, al igual que los productos sanitarios, “tengan algún tipo de marcado C o que hayas tenido algún tipo de estudio observacional o ensayo clínico que evidencie las bondades de esa tecnología para esos usos pedagógicos”.
Durante su intervención, Caballero ha criticado a las empresas tecnológicas que “captan y recogen datos de menores”. “Les aplican algoritmos para después poder ofrecer a anunciantes esos perfiles para que les envíen productos o servicios. Yo a esto le llamo la monetización de los datos de los menores o la mercantilización de los datos de los menores”, ha comentado.
“No nos olvidemos que el Convenio de los Derechos Humanos, en el artículo 32, habla de que está prohibida la explotación del menor. Pues se está realizando, se están monetizando datos de menores, se están mercantilizando datos. El bienestar de la infancia choca con los intereses de la industria y esa es la realidad que nos encontramos”, ha concluido.
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