MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, Karol Cariola, ha anunciado este sábado que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un registro instruido por la Fiscalía y concretado por efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que tuvo lugar el pasado lunes mientras daba a luz, hecho que ha tildado de “gran violación de (sus) derechos”.
“Tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo horas de mi parto organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica. No conforme con ello, mi pareja y familia recibieron amenazas de ingresar incluso a mi sala de parto en el hospital donde me encontraba”, ha explicado Cariola en un vídeo compartido en su cuenta en la red social X.
La diputada chilena ha tildado esta “gran injusticia” de “escándalo innecesario” y ha denunciado que el supuesto delito que se le imputa se basa en un informe fundamentado en “información falsa” y “graves desprolijidades”. “Se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos, entre otras faltas”, ha agregado.
En la misma línea, Cariola ha lamentado que “todo esto pudo ser evitado sin duda” y ha asegurado que emprenderá “todas las acciones que sean necesarias para resguardar (su) dignidad” y la de su hijo.
“Yo colaboré con la Justicia como siempre lo he hecho, entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo (…). Si tenían legítimas dudas, podrían haberlas preguntado y yo las hubiese respondido con total transparencia, tal como lo han hecho con otras autoridades o personas públicas”, ha apostillado.
ACCIONES “VICIADAS”
Previamente, el abogado de la presidenta de la Cámara, Juan Carlos Manríquez, ha relatado los hechos el día del parto de la diputada, insistiendo en que “hubo errores, faltas, imprecisiones y desprolijidades en su fundamento”, y ha exigido que se declaren “nulas” todas las acciones realizas.
“Por haberse vulnerado de forma ilegal e indebida sus derechos fundamentales, induciendo a un tribunal a otorgar una medida intrusiva y de incautación de su teléfono móvil con información incompleta, desprolija y errónea, hemos pedido al mismo tribunal que declare la nulidad total de las actuaciones que hicieron posible ese atropello y todas sus consecuencias, por estar viciadas”, ha expuesto Manríquez.
Asimismo, el abogado ha revelado que han interpuesto una denuncia contra el director de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, por “la forma y circunstancias en que un oficial varón de la PDI ejecutó dicha medida intrusiva”, tal y como recoge una declaración compartida a través de la misma plataforma.
En los términos similares a los empleados por Cariola, Manríquez ha recalcado que “el informe policial que motivó el allanamiento confunde y omite comunicaciones de diferentes personas y épocas que da a entender serían una sola, llegando a conclusiones equívocas” que condujeron a la autorización de “diligencias nulas y perjudiciales ampliamente filtradas a los medios que, de haberse efectuado correctamente, jamás hubieran permitido autorizar dichas diligencias hoy denunciadas”.
Estos hechos se enmarcan en la investigación por una de las artistas del caso Sierra Bella, que gira en torno por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble para uso sanitario por parte de la Municipalidad de Santiago.
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