MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) manifestó este jueves su posición a favor de que los centros especiales de empleo en la economía social sean declarados legalmente como “esenciales” e instó a los partidos políticos a aprobar esta demanda del Tercer Sector.
En un comunicado oficial, la POP se sumó así a la postura manifestada ayer por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), junto con ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Aedis e Igualis para que los partidos políticos asuman esta petición durante la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley Integral de Economía Social.
Al igual que estas entidades del Tercer Sector, la POP subrayó que dichos centros “cumplen con los principios de la Ley de Economía Social, diferenciándose del modelo de Centro Especial de Empleo de Iniciativa Empresarial (Ceeie) con ánimo de lucro, que no responde a dichos principios”. Recordó que el ordenamiento jurídico español ha reconocido y avalado la diferenciación entre ambos modelos desde 2017, por lo que resulta “fundamental establecer esta distinción en una norma sustantiva que regulará un tejido empresarial que representa el 10% del PIB en España”.
La POP pidió a los grupos parlamentarios del Congreso a actuar en consecuencia con el fin expreso de distinguir los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial, que “buscan de manera legítima maximizar sus beneficios empresariales a través del empleo de personas con discapacidad”, de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, que “cumplen con los principios de la Ley de Economía Social, establecidos en la propia Ley y en coherencia con los elementos jurisprudenciales señalados en sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo”.
Recalcó que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social merecen un reconocimiento añadido como “esenciales” puesto que carecen de ánimo de lucro y están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en la consecución de su finalidad principal, que no es otra que “mejorar el acceso al empleo y las capacidades laborales de las personas con discapacidad”. A su juicio, esta circunstancia pone de manifiesto que tienen una “finalidad social reforzada” que debe ser tratada como tal en la nueva ley que está tramitando el Congreso.
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