La AN reabrió las pesquisas para esclarecer la presunta implicación de la cúpula policial de la época
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha asegurado que en sus archivos no ha encontrado ninguna nota informativa del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo relativa a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham y la tarjeta SIM del teléfono móvil que le robaron en 2015, respondiendo así a un requerimiento realizado por la Audiencia Nacional (AN) para esclarecer si la cúpula policial de la época intervino de alguna manera en este suceso.
El cuerpo de seguridad envió el lunes su respuesta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, para comunicar que no le consta ninguna nota informativa de Villarejo relativa a la tarjeta telefónica de Bousselham, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El juzgado solicitó tal información por mandato de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le ordenó requerir a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional copia de cualquier documento remitido por Villarejo entre noviembre de 2015 y julio de 2016 sobre el terminal telefónico de Bousselham.
Con dicha orden, la Sala de lo Penal reabrió la investigación de esta pieza separada del ‘caso Villarejo’, estimando parcialmente los recursos de apelación presentados por el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su antigua asesora para determinar si la cúpula policial estuvo implicada en el referido robo.
Los magistrados recordaron que, en su declaración judicial del pasado 15 de marzo, el ex jefe de la DAO en esa época, Eugenio Pino, negó haber recibido personalmente algún documento relacionado con la información contenida en el teléfono de la ex asesora política, pero “no excluyó la posibilidad de que tal información pudieran haberla recibido otros funcionarios de dicho organismo”.
La Sala de lo Penal dio dos meses para ahondar a García Castellón, que acordó poner fin a la instrucción el pasado 29 de enero al considerar que había llegado a un punto muerto, después de que expertos informáticos de la Policía Nacional determinaran que el daño sufrido por la tarjeta telefónica impedía averiguar quién y cuándo provocó los desperfectos.
Iglesias recurrió esta decisión al estimar que se trataba de un cierre en falso de la causa porque no se había investigado si el robo del móvil de la ex asesora ‘morada’ pudo obedecer a una especie de ‘Operación Kitchen’ –el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle toda la información sensible que pudiera tener sobre el partido y sus dirigentes–.
El otrora ‘número dos’ del Ejecutivo advertía en su recurso de que el robo del teléfono de su entonces asesora podría haber tenido un “móvil político”, “teniendo en cuenta la existencia del informe PISA”, y de que el presunto encargo podría haber recaído sobre la “‘policía patriótica’, servicios ilegales pero realizados con efectivos y medios policiales”.
EL RECORRIDO DE LA TARJETA
En el auto de procesamiento dictado en 2020 por García Castellón contra el ahora comisario jubilado y dos periodistas, fijó el origen de esta pieza separada en unos archivos encontrados durante el registro a la casa de Villarejo efectuado en 2017 en los que había información personal de Bousselham y datos sensibles del partido ‘morado’.
De acuerdo con el relato judicial, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham –Ricardo Antonio Sa Ferreira–, en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de ella.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio del comisario un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
El recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que se robó el móvil hasta que parte de su contenido apareció publicado en prensa aún no se ha trazado con claridad.
Entretanto, García Castellón ha pedido a los juzgados de Madrid que investiguen si Bousselham cometió un presunto delito de falso testimonio por las distintas versiones que ofreció al instructor sobre en qué estado le había llegado la mini SD cuando Iglesias se la devolvió, varios meses después de que él la consiguiera de manos de periodistas.
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