MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Policía Federal de Brasil ha informado de que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) durante el mandato de Jair Bolsonaro espió ilegalmente a rivales, políticos y periodistas, en el marco de la investigación que ha arrancado este viernes sobre el uso de un sistema informático para vigilar teléfonos móviles.
En base a una orden del Tribunal Supremo, la conocida como Operación Última Milla ha lanzado 25 órdenes de búsqueda y otras dos de prisión preventiva, la de dos antiguos agentes de la Abin, que no solo habrían participado en la trama, sino que además habría aprovechado de su existencia para evitar represalias.
Ambas ya se han hecho efectivas, son las de Rodrigo Colli y Eduardo Arthur Yzycky, mientras que otros cinco trabajadores de la agencia, entre ellos el número tres, han sido apartados. Se trata de Paulo Maurício Fortunato Pinto, a quien se le ha requisado 872.000 reales (unos 163.000 euros) a la espera de conocer su origen.
Otro de los objetivos es Caio Cesar dos Santos Cruz, hijo del general retirado y secretario del gobierno de Jair Bolsonaro, Carlos Alberto Santos Cruz, quien, según la investigación, habría servido de representante de la empresa que vendió dicho sistema a la agencia de Inteligencia.
Dicha operación investiga el uso ilegal de un sistema de seguimiento de personas a través de sus teléfonos móviles durante los tres años de la gestión del diputado bolsonarista Alexandre Ramagem, detalla el diario ‘O Globo’.
Este programa informático –llamado FirstMile y comprado por algo más de un millón de euros durante el gobierno de Michel Temer– permitía sin protocolo oficial alguno rastrear los pasos de hasta 10.000 personas cada doce meses, bastaba con digitalizar su número de teléfono.
Ante el descrédito de la Abin durante los últimos años, una de los primeras decisiones que adoptó el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue apartar a los militares de la agencia y hacerla dependiente del Gabinete de la Presidencia.
La decisión, si bien planteada durante el periodo de transición –debido a la impronta bolsonarista de muchos de sus miembros– acabó por acelerarse tras los ataques del 8 de enero a las instituciones, en medio de sospechas y acusaciones de connivencia por parte de los militares.
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