MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Ángel Rodríguez Castedo, denunció este martes que “a medida que crece la brecha digital”, aumenta “el desamparo y la indignación en las personas mayores”. A su juicio, “esto no se puede permitir porque se intensifica su exclusión, su sensación de abandono y de inutilidad y a esto se le llama maltrato, edadismo”.
Así lo transmitió durante la jornada ‘Mayores y Brecha Digital’, organizada por la PMP, donde Rodríguez Castedo insistió en la responsabilidad de los poderes públicos de trabajar en marcos legislativos que protejan los derechos de las personas mayores, al tiempo que ha demandado a las entidades financieras y a las grandes empresas de servicios que deben cambiar sus estrategias para relacionarse con los ciudadanos y adoptar medidas que respondan a las reivindicaciones de las personas mayores en cuanto a una atención personal, “que son de sentido común”.
Asimismo, reivindicó la necesidad de programas de formación en materia de digitalización para las personas mayores y “no dejar a nadie atrás”. En este sentido, manifestó que se trata de un compromiso de la PMP, que lleva trabajando “incansablemente” en impulsar estrategias de reivindicación de los derechos de las personas mayores en defensa de un modelo de banca y de servicios tanto públicos como privados “próximos y amigables”.
Por su parte, la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, que fue la encargada de inaugurar la jornada, afirmó que la brecha digital “es imparable” y que la atención personal en servicios tanto públicos como privados “va a menos”. Por lo que, llamó la atención sobre la “evidente necesidad” de la formación, “esencial” para que esta brecha “no se haga cada día más grande”.
Además, la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, quien clausuró el acto, apuntó a que ya existe en España la figura jurídica de persona consumidora vulnerable, que tiene un “potencial importante”, ya que permite ampliar el concepto de vulnerabilidad y genera obligaciones para los poderes públicos y empresas para la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
La jornada contó con diversos expertos que abordaron ponencias sobre la necesidad de que la digitalización no deje a nadie atrás y el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas mayores, al tiempo que se celebraron mesas donde representantes de empresas tecnológicas, medios de comunicación y partidos políticos expusieron sus diversas visiones y experiencias.
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