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La Plataforma Denaria afirma que la “libertad de elección” en los métodos de pago es fundamental y sostiene que el verdadero fraude radica en los pagos digitales

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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, defendió este lunes que su organización, enfocada en la defensa del efectivo como medio de pago, no está “en guerra” con el ámbito digital sino que defiende “la libertad de elección” a la hora de pagar, y aseguró que “el gran fraude” se produce cuando se paga por vía digital.

La Plataforma Denaria organizó una jornada bajo el título ‘Inclusión Financiera en España. El efectivo como solución segura y sostenible’ en el Congreso de los Diputados.

Rupérez hizo énfasis en que el dinero en efectivo es un medio de pago “seguro” y la opción más utilizada por los consumidores, pero lamentó que no es aceptado en todos los lugares y cada vez es “más difícil” sacar dinero o encontrar cajeros y oficinas bancarias. “Sus consecuencias son la exclusión financiera y social de millones de personas que necesitan el efectivo”, advirtió.

Rupérez defendió que el efectivo “asegura la autonomía y la libertad” por no depender de la tecnología o la electricidad, es rápido, seguro frente a ciberataques e inclusivo. Sin embargo, desveló que en la organización están recibiendo “quejas diarias” de personas a las que se les rechaza la opción de pagar en efectivo y “gran parte” proceden de empresas del sector público, como instalaciones deportivas, festivales de música o incluso el alquiler pese a la nueva Ley de Vivienda.

Rupérez también lamentó que el pago máximo en efectivo sea de 1.000 euros en España cuando “la Comisión Europea recomienda que esa cantidad límite sea de 10.000 euros”, al tiempo que defendió que el dinero en efectivo “es más amigo” del medioambiente que el digital.

En la jornada se celebró una mesa centrada en el efectivo como medio de autonomía de convivencia, autonomía personal y organización colectiva y en ella participaron el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Down España, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio rural (Afammer).

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“BAJO SOSPECHA” DE FRAUDE

Desde el Cermi, su directora ejecutiva, Pilar Villarino, abogó por considerar el efectivo como un derecho del consumidor y por la libre elección del medio de pago. En cualquier caso, sí se alineó con que todas las opciones sean accesibles para las personas con discapacidad.

“El efectivo para el Cermi es una herramienta clara de inclusión financiera y de participación social, nos sumamos a las peticiones de que el efectivo sea considerado un bien social porque para el Cermi empodera a las personas con discapacidad que de otra manera van a quedar excluidos financieramente”, afirmó Villarino. En esa línea, reclamó una prestación “personalizada” para estas personas.

Por su parte, el presidente de Ceoma, José Luis Fernández, denunció que el ciudadano que quiere usar el efectivo para pagar está “bajo sospecha de ser un defraudador”. “Las personas por definición no somos defraudadores”, dijo, ante lo que se escuchó un aplauso general de la sala.

Fernández también se preguntó por la obligación de la banca para que los ciudadanos tengan tarjeta de crédito y que cobren por ella en determinados casos.

Aprovechó para referirse al proyecto del euro digital lanzado desde el Banco Central Europeo (BCE) y trasladar su “preocupación” porque mediante el mismo “estará controlado” cualquier movimiento del ciudadano.

Desde Down España, su gerente, Agustín Matía, también señaló la “obsesión de Hacienda por el control” y defendió “dar opciones” y que cada cual elija cómo prefiere pagar.

En esa línea, Miguel Padilla, secretario general de COAG, definió a la organización como defensora “fervorosa” del pago en efectivo por su predominio en el mundo rural y apuntó que “los defraudadores están en otro lado y, seguramente, no se les persigue de la misma manera” que al ciudadano. También se quejó de que los servicios públicos “son, principalmente, los que ponen impedimentos”.

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Por Afammer, su secretaria general, Rita Mateos, agregó que el efectivo debe considerarse “un servicio público de primer orden” y es un “pilar” de la economía local.

ELEGIR ENTRE DISTINTAS OPCIONES

La sesión también acogió una mesa compuesta por parlamentarios de PSOE, PP, Vox, Sumar y Junts en la que PSOE, PP y Vox coincidieron en que coexistan las distintas opciones de pago y sea el usuario el que decida.

Así, Guillermo Hita, del PSOE, explicó que, de una parte, hay comercios y administraciones que “se están dejando llevar” y “haciendo un flaco favor” al no aceptar el efectivo, y de otro lado “hay gente que se queja también de aquellos sitios en los que no se puede pagar con tarjeta”, con lo que concluyó que es un “problema de compatibilidades” y de “seguir pudiendo hacer lo que cada uno elige”.

Hita también respondió a las críticas hacia Hacienda por pretender controlar al ciudadano señalando que “cualquier sociedad que quiera llegar a la libertad tiene que tener controles” y opinó que los ciudadanos no están “perseguidos” por el Estado y el trabajo de Hacienda “en ningún momento es persecutorio”.

Desde el PP, Juan Bravo reconoció que hay elementos legales que “quizá no están proporcionados”, como la sanción de 150.000 euros por pagar con dinero físico más de 1.000 euros o no poder usar este medio para pagar el alquiler.

Por Vox, Pedro Fernández pidió “libertad, justicia y seguridad” respecto al pago en efectivo y dijo que desde el Parlamento estarán vigilantes a que las iniciativas no limiten esos principios porque “parece ser que hay movimientos que nos están alertando de que el efectivo sí está en riesgo”.

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Por Sumar, Carlos Martín puso el foco en la banca para señalar que se haga compatible “esos grandísimos beneficios de la banca con la provisión de servicios básicos” y avanzó que Sumar presentará una iniciativa legislativa a la vuelta del verano en ese sentido para que haya “obligaciones el servicio público del sector bancario y donde el efectivo va a estar entre ellas”. Igualmente, insistió en “recuperar” la banca pública a través de la Caja Postal para llegar a las poblaciones rurales.

Martín sacó a debate el pago con criptoactivos y consideró que “son una vía de gran fraude”, a lo que Juan Bravo agregó que “el delincuente encuentra la oportunidad en cualquier sitio” y no solo en las criptomonedas, y Guillermo Hita se posicionó a favor de regularlas “con fortaleza” porque, de lo contrario, “nos van a traer un disgusto serio”.

Por Junts, Isidre Gavín defendió hacer compatible el control del fraude con el pago con dinero físico.

En la clausura intervino la presidenta y directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres, quien señaló que el temor por el euro digital no está justificado, pues los datos personales los tienen, principalmente, empresas como Bizum, Visa o Mastercard por “la alegría” con la que se comparten. A su vez, recordó que desde el BCE se ha defendido que el efectivo debería seguir estando garantizado con el mismo nivel de aceptación que cualquier otro pago cuando exista el euro digital. Además, se preguntó “cómo va a desaparecer algo que si no existiera habría que inventarlo”.

La presidenta de la Fábrica de la Moneda también llamó la atención respecto a que “la gran bolsa” de fraude se encuentra en movimientos de grandes cantidades que no son las que manejan los ciudadanos.


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