MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) transmitió este miércoles a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la importancia de que la presidencia española de la UE contenga un “marcado social” y sirva para “impulsar políticas sociales tanto a nivel estatal como europeo”.
Lo hizo durante un encuentro que mantuvieron sus representantes con la propia Belarra y con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para hacer balance de las medidas puestas en marcha por Derechos Sociales y los retos pendientes en materia social hasta el final de la legislatura.
El presidente de la PTS, Luciano Poyato, reclamó “políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión”, para lo cual “los poderes públicos y el Tercer Sector deben trabajar de forma coordinada y colaborando de manera estable”.
A su vez, el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS, Carlos Susías, comentó la importancia de que la futura Ley de Servicios Sociales “permita garantizar una protección social mínima en el conjunto del territorio español” y tenga presente al Tercer Sector como “agente fundamental del sistema en su papel como colaborador y complementario de la gestión de los servicios sociales”.
Del mismo modo, la vocal de comunicación de la PTS, Paquita Sauquillo, pidió que Derecho Sociales conceda “mayor relevancia al voluntariado como herramienta de transformación social y garantía de derechos”, lo que le dio pie a reclamar que “se impulse la aprobación del reglamento de la Ley del Voluntariado”.
Por su parte, el secretario general de la PTS, Rafael de Lorenzo, solicitó que se aumente del 0,7% al 1% el importe de la cuota íntegra del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinado a financiar proyectos sociales para “contribuir al objetivo compartido de asegurar financiación suficiente y estable al Tercer Sector”.
También instó a la aprobación del real decreto de entidades de acción social colaboradoras con la Administración General del Estado y la comisión interministerial para el impulso de la contratación pública socialmente responsable.
Por último, conminó a priorizar las políticas sociales y los proyectos de cohesión social y lucha contra la desigualdad en la adenda al plan de recuperación que está elaborando el Gobierno.
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