MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Plataforma contra la Morosidad (PMcM) denunció este jueves que las Administraciones Públicas tardaron 67 días en pagar a sus proveedores en 2022, lo que supone seis días más y duplicar el plazo máximo legal permitido de 30 días.
Así se desprende del informe elaborado por la PMcM a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas y cuyos resultados fueron difundidos este jueves.
El plazo medio de pago a proveedores en el sector público subió seis días y en el sector privado bajó en cinco días. En ambos casos se situó en un plazo medio de pago de 67 días, aún lejos de los 30 días establecidos por la ley para las administraciones y en 60 días para las empresas.
El presidente, Antoni Cañete, señaló que la subida “ha podido influenciar que el año pasado no hubo grandes inyecciones de fondos, como sí ocurrió durante el anterior en el que el periodo medio de pago bajó”.
La plataforma recordó que el Ministerio de Hacienda anunció para este 2023 un plan de pago a proveedores de entidades locales por un importe total de 1.076 millones de euros. Este hecho “corrobora la situación que viene denunciando la PMcM sobre que las administraciones públicas no están cumpliendo los plazos de pago”.
“Este mecanismo impone que los proveedores tengan que renunciar a cobrar los intereses de demora, una cuestión que esperamos que se corrija al ser injusta. Hay que erradicar esta lacra desde la raíz, exigiendo que cumplan la legislación y ejecutando los mecanismos que están disponibles para su consecución”, insistió.
Asimismo, recordó que la modificación de la ley 3/2004 lleva “en continua prórroga” desde septiembre de 2020 e incluye un régimen sancionador que “debería quedar desbloqueado este año”. Para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM, un régimen sancionador resulta “necesario”.
Respecto al incremento del plazo de pago del sector público, Cañete calificó de “pernicioso” que se hayan asemejado los plazos de pago del sector público y privado, cuando las administraciones “deberían dar ejemplo”. Además, recordó que su plazo máximo es “la mitad que el del sector privado” y lamentó que “no se está haciendo el control” de pagos de los principales contratistas a subcontratistas.
Asimismo, la plataforma alertó de que “no existe información suficiente sobre el grado de cumplimiento por los órganos de contratación en la verificación de que los pagos a subcontratistas y suministradores se llevan a cabo correctamente”.
“El análisis de la PMcM ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media. Si la ley Crea y Crece empezara a funcionar, se produciría una mejora indiscutible en la situación de los subcontratistas”, subrayó Cañete.
FALTA DE INFORMACIÓN
Según la encuesta de la plataforma, el 92% de los que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 euros después de octubre 2022 no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago.
“La PMcM, que está fiscalizando la implementación de esta ley, ha constatado que la información que parte de los ministerios para la elaboración del certificado requerido es contraria a la ley”, aseguró.
Por otro lado, un 62% de los encuestados aseguró conocer la legislación vigente en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y los derechos que ésta otorga a los acreedores, frente al 81% que no conoce todavía la ley de Crea y Crece, aprobada en 2022. Por ello, la PMcM reclamó también “crear una campaña informativa para dar a conocer y sensibilizar sobre esta normativa, atendiendo a la importancia de su implementación”.
“Lo ideal sería que la directiva europea en materia de morosidad implantara un régimen sancionador en los países en los que, al igual que en España, existe un verdadero problema estructural con la morosidad”, destacó Cañete.
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