MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) alertó este jueves de que el plazo medio de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas superó al del sector privado por primera vez desde 2014, siendo de 67 días frente a los 64 de las empresas.
Así se desprende del ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024’, elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas y cuyos datos se difundieron este jueves.
En lo que se refiere en concreto al sector público, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, destacó que este incremento es alarmante y recordó que el plazo máximo legal del sector público es de 30 días, superándose con creces, y el del privado es de 60 días. Durante 2024, el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días, hasta los citados 67 días, mientras que el del sector privado se redujo en seis días.
Asimismo, el análisis recoge que más de la mitad de los encuestados (52%) asegura que la administración local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la regional, abarcando un 28% de los encuestados, y la tercera es la administración central, con un 20% de respuestas. Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal de la administración local para el 76% de los consultados, para el 78% de los proveedores de la regional y para el 80% de los proveedores de la central.
Ante estas cifras, Cañete reclamó “una solución inmediata” e insistió en que “los Gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan”. Además, consideró que en un momento en el que se está incrementando la recaudación pública, “no existe justificación” para empeorar los plazos de pago.
Los datos obtenidos por la Plataforma distan de la información que aportan los Gobiernos sobre sus plazos de pago, que son más optimistas y están próximos al plazo legal. Según el presidente de la PMcM, la brecha se explicaría, en parte, en “determinadas malas praxis” y puso el ejemplo de la detectada recientemente en el Ayuntamiento de Lugo, que, presuntamente, retrasó de forma interesada la inscripción en el registro de facturas, por lo que el plazo de pago empezó a ser efectivo más tarde de cuando realmente debería. Cañete pidió que “se realicen las modificaciones oportunas en el sistema de facturación electrónica para evitar que pueda volver a producirse este modus operandi”.
El informe analiza también los plazos medios de pago del sector privado. Para el 56% de los encuestados, el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas, con una facturación superior a 50 millones de euros. Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 74% declara que estas superan el plazo legal: el 41% coincide en que lo hacen entre 60 y 90 días. En lo que se refiere al pago a subcontratistas por parte de los contratistas principales, el estudio cifra la media de días en 88.
Por otro lado, la nueva edición del estudio constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado, el 61% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, “sin que se apliquen consecuencias a esta práctica ilegal”, manifestó Cañete. La ratio de morosidad -porcentaje de impagos respecto al total de facturación-, se cifró en 2024 en el 5,2%, ligeramente superior al 5,1% de 2023.
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