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La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva ha sido mantenida en prisión por otros tres meses por las autoridades judiciales de Rusia

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MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Justicia de Rusia ha informado este jueves de que ha decidido mantener bajo custodia al menos hasta el próximo mes de abril a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba como editora del servicio tártaro-baskir de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

El director del medio en cuestión, Stephen Capus, ha insistido en la necesidad de lograr su puesta en libertad ahora que han transcurrido más de tres meses desde que la periodista fue detenida y encarcelada en la ciudad de Kazán después de ser acusada de no haberse registrado como agente extranjero al entrar en territorio ruso.

Caputs ha denunciado así que su caso responde a una “campaña llevada a cabo de forma injusta contra la periodista”, que ha sido retenida “únicamente porque es ciudadana estadounidense”. “La comunidad periodística, de Derechos Humanos y diplomática del mundo apoyan hoy a Alsu. RFE/RL agradece a los gobiernos de la Unión Europea que han enviado representantes a los debates de hoy. Sin embargo, Rusia continúa su persecución sistemática”, ha lamentado.

“Su detención debería ser declarada como injusta por el Departamento de Estado de Estados Unidos, del mismo modo que Evan Gershkovich, del ‘Wall Street Journal’, fue designado como detenido injustamente inmediatamente después de su arresto”, ha dicho, según recoge el propio medio.

En este sentido, ha hecho hincapié en que rusia tiene “la responsabilidad última del destino” de la periodista, que “debería ser liberada inmediatamente para que pueda regresar a casa con su familia”, ha dicho.

Su marido, el periodoista Pavel Butorin, ha indicado que “todo apunta a que las decisiones no se toman en los tribunales” sino “desde Moscú”, en una clara alusión a que el caso se encuentra políticamente motivado.

La periodista fue detenida a principios de junio de 2023 cuando se disponía a regresar a República Checa –donde reside con su familia– tras realizar un viaje a Rusia por motivos personales. Las autoridades de Kazán le confiscaron sus documentos de identidad y la multaron por no haberse registrado como “agente extranjero”. En caso de ser hallada culpable se podría enfrentar a cinco años de prisión.


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