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La organización SJM señala que los migrantes se enfrentan a barreras digitales, como la situación administrativa, el idioma y el acceso a herramientas

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MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La situación administrativa, el idioma y el acceso a herramientas son las tres barreras principales de las personas migrantes en el ámbito de la accesibilidad digital, según señala el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM España) en el estudio Fronteras Digitales, un informe elaborado en colaboración con la consultora social Cidalia.

Según indica, profundiza en el impacto de las brechas digitales en el acceso a derechos de las personas migrantes, para lo que identifica las principales barreras y desigualdades que genera la digitalización en dos ámbitos fundamentales: la accesibilidad y las competencias digitales.

En cuanto a las competencias digitales, el estudio identifica la necesidad de alfabetización digital de la población migrante; el acceso a canales de información informales; la falta de confianza en las propias capacidades generadas por el desconocimiento del mundo digital que ha generado una “privatización encubierta” de procesos; y la exposición a una brecha de seguridad que facilita estafas, fraudes y suplantaciones de identidad, como elementos clave.

Además, explica que factores como la edad, el nivel educativo o formativo, el contexto rural de origen y el período sin uso de las herramientas digitales, condicionan la relación de las personas migrantes con la sociedad digital.

Asimismo, expone que Internet y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen “grandes posibilidades” para el ejercicio de los derechos fundamentales, pero a la vez han generado “nuevos desafíos” en la defensa y garantía de estos derechos.

En este sentido, también apunta que los factores identificados generan un entorno de “exclusión digital” y un “elevado impacto sobre la población migrante”, especialmente en cuatro ámbitos de su vida cotidiana: la exclusión de la vida social y económica digital; dificultades en la búsqueda de empleo; el acceso a fuentes de información no oficiales y no contrastadas; y la vulnerabilidad ante la falta de seguridad digital.

“La identificación de estos factores ha permitido la realización de una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a las Administraciones que se describen asimismo en el informe en cuanto a la presencialidad de las citas administrativas, el idioma, la adquisición de dispositivos electrónicos o la veracidad de la información”, recalca.


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