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La organización Human Rights Watch pide al Gobierno de Malasia que dé prioridad a la investigación del secuestro de una activista birmana

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La ONG considera que el secuestro podría ser una “operación planeada” y advierte del peligro al que se enfrenta Thuzar Maung

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno de Malasia priorizar la investigación del secuestro de la activista birmana Thuzar Maung y de su familia, que se encontraban refugiados en el país.

“El 4 de julio de 2023 unos hombres no identificados secuestraron a Thuzar Maung, de 46 años; a su marido Than Tin Win, de 43; a su hija Poeh Khing Maung, de 16; a sus hijos Aung Myint Maung, de 21, y a Thukha Maung, de 17; en su residencia en Ampang Jaya (Kuala Lumpur), según confirmaron testigos y las imágenes de cámaras de seguridad”, ha asegurado la directora de HRW en Asia, Elaine Pearson en un comunicado.

“El Gobierno malayo debería actuar urgentemente para localizar a la familia y garantizar su seguridad”, ha añadido la Pearson.

La organización ha explicado que Thuzar Maung es una “honesta defensora del movimiento prodemocrático de Birmania”, y teme que el secuestro sea una “operación planeada”, en cuyo caso corren un “grave peligro”.

El mismo día del secuestro un coche entró en la comunidad donde residía la familia asegurando ser agentes de la Policía. Unas horas más tarde, un amigo de Maung se encontraba hablando con ella por teléfono cuando escuchó decir que unos hombres desconocidos estaban entrando en la casa. Después, la llamada fue desconectada. No se han detectado señales de robo.

Tras ello, las cámaras de seguridad captaron el supuesto coche de Policía y los dos coches de la familia saliendo del recinto; las autoridades ya han asegurado que el coche no es de la Policía, y que su matrícula es falsa.

Maung es una activista por la democracia en Birmania “desde hace mucho tiempo”, según HRW, y presidía la Comunidad Musulmana de Refugiados de Birmania y el Comité de Trabajadores Migrantes de Birmania, además de haber colaborado con el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania.

La activista huyó hacia Malasia en 2015 tras el aumento de la violencia contra los musulmanes en Birmania, y toda su familia está reconocida como refugiados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Los gobiernos extranjeros deberían presionar a las autoridades malayas para que descubran rápidamente la localización de la familia. Los activistas birmanos están aparentemente en riesgo incluso cuando critican a la junta militar birmana desde el país donde han solicitado asilo”, ha insistido Pearson.


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