MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La Fundación Española de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un artículo del economista Ángel de la Fuente que considera que las medidas incluidas en el reciente decreto de la reforma de pensiones reducen el “desequilibrio esperado del sistema durante los próximos años”, pero “solo de forma modesta, quedándose por tanto muy lejos de garantizar su sostenibilidad”.
De esta manera, Fedea insiste en su advertencia de las carencias de la reforma de pensiones y explica que, en primer lugar, su estimación del coste de la mejora de las pensiones mínimas ha aumentado significativamente al tener en cuenta que la nueva norma no supone únicamente un incremento puntual en sus cuantías, sino también un cambio importante en su regla de evolución, pues estas prestaciones pasan de actualizarse con la inflación a ligarse (aproximadamente) al crecimiento de los salarios medios, dado que el umbral de pobreza que a partir de ahora determinará su cuantía se calcula con los ingresos medios (medianos, en realidad).
En segundo lugar, observa que el incremento de ingresos generado por la subida de las bases máximas de cotización desaparece cuando se calcula con respecto a la proyección de ingresos del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea (el Ageing), que sería la referencia más apropiada de cara a las evaluaciones trienales que exige el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
La razón es que las proyecciones del Ageing ya suponen un crecimiento de la base máxima de cotización que sería ligeramente más rápido que el establecido en el decreto, según el artículo de Ángel de la Fuente.
“Aunque el decreto introduce mejoras sustantivas en el diseño del MEI, el mecanismo sigue siendo mejorable y su redacción confusa”, apunta este experto, que señala que no se precisa qué medidas de ingreso han de tenerse en cuenta en el cálculo o con respecto a qué escenario de referencia han de calcularse sus efectos incrementales.
Asimismo, le llama especialmente la atención el que la disposición no mencione en ningún momento los ingresos totales del sistema, lo que hace que no se tenga en cuenta su déficit real o incluso proyectado, algo que no parece “muy razonable en una regla de ajuste”.
En su opinión, sería deseable aprovechar la tramitación del texto como proyecto de ley, al menos para eliminar estas imprecisiones e idealmente para reformular la condición de activación del MEI en términos de un tope máximo al déficit básico del sistema esperado en promedio entre 2022 y 2050, calculado hasta donde sea posible en cada momento con datos reales.
De hecho, sostiene que dada la dificultad de aislar los ingresos del sistema de pensiones de los del resto de la Seguridad Social, sería conveniente trabajar con el déficit básico del conjunto de esta última. Esta magnitud debería definirse con cuidado, incluyendo entre los ingresos, además de las cotizaciones por contingencias comunes (incluyendo las imputadas en el caso de los funcionarios de clases pasivas), las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones no contributivas, los complementos de mínimos de las pensiones contributivas y las bonificaciones de cuotas para el fomento del empleo, pero no el resto de las transferencias del Estado.
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