El organismo denuncia una “conducta procesal notoriamente injusta” que “se repite constantemente” y es “usada por algunos medios”
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de México ha anunciado este domingo que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó en la víspera revocar la orden de prisión preventiva emitida contra ocho de los trece militares detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014 al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.
Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal –Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio– de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.
El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.
Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, reza un comunicado.
Es por ello que la Fiscalía ha denunciado que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.
Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas en lo que muchos consideran un claro ejemplo de un caso de desaparición forzosa por parte de las fuerzas mexicanas.
La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo. A esto se suma el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que apunta a que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.
Este sábado, Duarte Cedillo había pedido a los militares una fianza 50.000 pesos (algo menos de 2.700 euros) para poder abandonar la prisión militar de Campo Militar 1, donde se encuentran retenidos. Los imputados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
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