MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La ONU ha pedido a Irak que derogue la nueva ley aprobada en el Parlamento que penaliza las relaciones LGTBI y las cirugías de reasignación de sexo con hasta 15 años de cárcel, ya que va en contra de varios tratados de Derechos Humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha dicho sentirse este lunes “alarmada” por la aprobación de la legislación y ha recordado que “los principios de igualdad y no discriminación se encuentran en el centro del Derecho Internacional”.
“Toda persona, sin distinciones, tiene derecho al disfrute de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la privacidad, a ser tratado como igual ante la ley y a la protección contra la discriminación por diversos motivos, como la orientación sexual y la identidad de género”, ha indicado en un comunicado.
Asimismo, ha resaltado que estas leyes “legitiman los prejuicios y exponen” a las personas LGTBI “a delitos de odio, abusos policiales, acoso, intimidación, chantaje y tortura”. “Perpetúan la discriminación y la denegación de acceso a servicios básicos, incluyendo atención sanitaria, educación y vivienda”, ha zanjado.
El proyecto de ley aprobado por el Parlamento, presentado en agosto por el diputado independiente Raad al Maliki, transforma la llamada Ley para Combatir la Prostitución –promulgada en 1988– en la Ley para Combatir la Prostitución y la Homosexualidad.
Hasta ahora la actividad homosexual no estaba explícitamente prohibida en Irak, pero la ley contra la prostitución funcionaba como una herramienta para criminalizar a la población LGBTQ. En virtud de esta nueva legislación, cualquier persona que “participe en relaciones homosexuales consentidas” será condenada a una pena de cárcel “no menor de 10 años y no superior a los 15 años”.
De la misma forma, promover “de cualquier forma” la homosexualidad será un delito penado con siete años de cárcel y una multa de entre diez y 15 millones de dinares (entre 7.000 y 10.500 euros). Además, la promoción de la “afeminación” será condenada a entre una y tres años de cárcel con multas de entre 3.500 y 7.000 euros.
En lo que corresponde a la reasignación de sexo, la nueva ley estipula que tanto el paciente como el cirujano que efectúe la operación serán condenados a entre uno y tres años de cárcel. Solo se contemplan como excepción “operaciones que reafirmen el sexo del individuo si presenta defectos de nacimiento”.
El Parlamento iraquí aplazó, debido a la presión internacional, una enmienda mucho más radical que llegaba a estipular la cadena perpetua o la pena de muerte para la población homosexual.
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