MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha instado este martes a las autoridades venezolanas a implementar los acuerdos de Barbados, que fueron firmados junto a la oposición, de cara a las próximas elecciones generales del 28 de julio y ante un aumento de la persecución contra políticos opositores.
“La firma de los acuerdos de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Democrática Unitaria fue un paso positivo para establecer las condiciones de unas elecciones creíbles. Hago un llamamiento a su plena aplicación de buena fe y recuerdo a todas las partes que los Derechos Humanos siguen y deben estar en el centro de las negociaciones”, ha declarado durante su intervención en una sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Así, ha mostrado su preocupación por las acciones llevadas a cabo por las autoridades y que sirven para restringir “indebidamente” el espacio cívico y democrático, entre las que se incluyen detenciones, intimidaciones y estigmatizaciones de miembros y simpatizantes de partidos de la oposición.
“Los Derechos Humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones previas esenciales para los procesos electorales y deben ser protegidos. Reitero mis llamamientos anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”, ha añadido.
Al Nashif ha recordado que activistas como Javier Tarazona o Rocío San Miguel se enfrentan a amenazas, a la represión e incluso a la detención. Según datos de a Oficina de Derechos Humanos, en 2023 se notificaron 18 casos de desapariciones forzadas a manos de los servicios de inteligencia venezolanos, en los que en muchos casos estas personas permanecieron detenidas e incomunicadas durante horas o semanas, llegando a estar oculto su paradero, para acabar enfrentándose a cargos por conspiración, terrorismo, asociación delictiva, traición o blanqueo de dinero.
En relación a ello, ha celebrado que se hayan liberado a 34 personas a raíz de los acuerdos de Barbados a pesar de que muchas de ellas sigan vinculadas a procedimientos judiciales. En total 69 personas fueron liberadas en 2023. Además, ha destacado que no se han registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en las protestas relacionadas con derechos sociales y económicos.
Por último, ha vuelto a condenar la decisión del Gobierno venezolano de suspender las actividades de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, a la que pidió evacuar a su personal en un plazo de 72 horas, una medida “inconsistente” con la Carta de Entendimiento firmada entre ambas partes.
“Desde el establecimiento de la presencia de la oficina en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor al servicio de la población en la República Bolivariana de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades venezolanas sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente, en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina”, ha concluido.
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