Alerta de un aumento de los abusos y violaciones de los Derechos Humanos, como detenciones arbitrarias y desplazamientos forzosos
Decenas de ONG piden medidas “urgentes” para acabar con las “atrocidades” y apuntan a posibles crímenes de guerra
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha situado este viernes en más de 1.800 la cifra de civiles muertos a lo largo de 2024 a manos de la junta militar que gobierna Birmania desde hace cuatro años, la cifra más alta desde que tuvo lugar el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, que ha sumido al país en una grave crisis económica y humanitaria.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que de un total de 1.824, 531 de los civiles fallecidos son mujeres y al menos 248 son niños, lo que supone un aumento significativo respecto a los 16.39 civiles muertos registrados durante el año anterior. Así, ha alertado de que el Ejército birmano ha incurrido en un claro aumento de la violencia contra la población birmana, unos ataques que han alcanzado niveles “sin precedentes”.
En un informe, la organización ha indicado que los militares han incurrido además en graves abusos y violaciones de los Derechos Humanos, como detenciones arbitrarias y desplazamientos forzosos. A su vez, ha acusado a la junta de perpetrar ataques “en represalia” contra la población civil y recurrir al reclutamiento forzoso para engrosar sus filas.
La Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP) de Birmania apunta a más de 6.200 fallecidos desde el golpe de Estado, 709 de ellos menores. “Tras cuatro años, es terrible ver que la situación de los civiles sigue empeorando cada día, incluso a pesar de que el Ejército haya perdido poder. Sus atrocidades y su violencia siguen expandiéndose”, ha expresado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
En este sentido, ha puntualizado que estos ataques están diseñados para “controlar, intimidad y castigar a la población”. “Esta crisis provocada por el Ejército ha causado un gran sufrimiento y ha llevado a perpetrar ataques indiscriminados contra civiles, a los que se les ha negado la ayuda humanitaria y se les ha sometido a violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos”, ha dicho, según un comunicado de la ONU.
“Si no se pone fin inmediato a esta brutalidad y se lleva a los responsables ante la Justicia, las víctimas civiles seguirán aumentando y la situación seguirá deteriorándose de forma inevitable”, ha dicho Turk.
El informe de la ONU apunta a una “brutalidad excesiva”, que incluye “decapitaciones, mutilaciones, tortura y uso de civiles como escudos humanos”, actos llevados a cabo con “total impunidad”. Asimismo, el texto denuncia ataques contra infraestructura civil, como templos, colegios, instalaciones sanitarias y campos de desplazados, entre otros.
Turk ha alertado del “dramático deterioro de la situación y los graves riesgos a los que se enfrentan las poblaciones del estado de Rajine, donde se concentra la minoría rohingya”. “Están atrapados en la guerra entre el Ejército de Arakán y las fuerzas birmanas, sin posibilidad de obtener protección”, ha añadido.
“A medida que el Ejército de Arakán consolida su control sobre el estado de Rajine, debe asegurarse de respetar el Derecho Internacional y proteger a todos los individuos que se encuentren en áreas bajo su control”, ha instado antes de afirmar que hay unos 20 millones de civiles a la espera de recibir asistencia humanitaria en todo el país.
Las cifras de Naciones Unidas apuntan al desplazamiento de 3,5 millones de personas a nivel interno, un tercio de los cuales son niños. Por ello, ha pedido a aquellos Estados que posean influencia en la región a aumentar la presión para “poner fin a la violencia cuanto antes” y lograr la entrada de ayuda humanitaria.
ONG PIDEN MEDIDAS “URGENTES” PARA ACABAR CON LAS “ATROCIDADES”
Un total de 46 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han pedido este mismo viernes a la comunidad internacional la puesta en marcha de “medidas urgentes” para acabar con las “atrocidades” cometidas sobre el terreno a tan solo un día de que se cumplan cuatro años del golpe de Estado.
Las organizaciones, que estiman que más de 20.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria en todo el país, han recabado datos sobre “ataques indiscriminados, tortura y abusos que podrían constituir “crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra”.
No obstante, han alertado de que los grupos rebeldes armados que hacen frente al Ejército también han cometido “violaciones de los Derechos Humanos”, por lo que ha instado a las partes a cumplir con “los estándares del Derecho Internacional”. En este sentido, han lamentado que el año 2024 fue el “peor año de violencia contra la población rohingya desde 2017”.
“Pedimos a las partes enfrentadas que cumplan con el Derecho Internacional y se comprometan con la Justicia y sus mecanismos. Todos los países, incluidos los actores de la ASEAN, deben aumentar la presión sobre la junta y bloquear el envío de armamento, suspender los cargamentos de crudo y apoyar los mecanismos de la justicia internacional, lo que incluye procesar y extraditar a cualquier sospechoso de cometer estas violaciones”, han aseverado en un comunicado conjunto.
Además, han solicitado a la comunidad internacional que se “comprometan” para lograr una respuesta “coordinada, justa y de largo plazo”. “El mundo no debe permitir que los responsables de estos crímenes no respondan ante la justicia”, han aseverado antes de recalcar que la crisis humanitaria que atraviesa el país “no comenzó con el golpe de Estado”.
“Esta crisis se debe a décadas de represión que han llevado hasta este momento. Acabar con la impunidad requiere soluciones adaptadas, así como un compromiso político y financiero a largo plazo. El mundo debe actuar ya”, han sostenido.
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