Kenia se ofrece a liderar la misión, reclamada por las autoridades haitianas durante meses
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El envío de una misión de paz a Haití bajo el auspicio de Naciones Unidas va tomando forma, impulsada por una batería de reuniones y discursos durante la última semana en Nueva York que ponen de manifiesto el creciente consenso para emprender algún tipo de acción desde el exterior y evitar que el país más pobre del hemisferio occidental prosiga con su hemorragia política, social y humanitaria.
La intervención moderna de la ONU en Haití se remonta a 2004, después de que el presidente Bertrand Aristide se exiliase tras un conflicto armado. El Consejo de Seguridad Fuerza Multinacional Provisional (FMP) autorizó en febrero de ese año una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) que en junio terminaría transformándose en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
El terremoto de enero de 2010, que dejó más de 200.000 muertos, llevó a la organización a reforzar aún más su presencia, pero su papel ha sido motivo recurrente de disputa porque también se culpó a ‘cascos azules’ nepalíes de introducir una epidemia de cólera. Los primeros casos surgieron cerca de una base de la misión, pero no fue hasta varios años más tarde cuando la ONU asumió la responsabilidad, con cerca de 10.000 muertes ya a las espaldas.
La imagen de la ONU quedó seriamente dañada y, en 2017, hubo un nuevo cambio: los últimos ‘cascos azules’ salen de Haití y la MINUSTAH pasa a ser la Misión de Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), con menos presencia y el objetivo de favorecer el desarrollo de las propias instituciones haitianas.
En octubre de 2019, 15 años después del primer despliegue, la ONU puso fin a sus misiones de paz. No se fue del país, sino que optó por un enfoque más humanitario a través de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), un paraguas que engloba a 19 agencias, fondos y programas y que sigue vigente a día de hoy.
MÁS PRESENCIA
En los últimos dos años, sin embargo, el debate sobre la presencia que debe tener la ONU en Haití se ha reabierto, en vista de que el país acumula todo tipo de crisis. La situación política terminó de estallar en julio de 2021 con el asesinato del entonces presidente, Jovenel Moise, al que ha seguido un empeoramiento de la emergencia humanitaria y una grave crisis de seguridad impulsada por la actividad de bandas armadas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, planteó inicialmente el envío de una nueva fuerza de acción rápida con presencia de militares para ayudar a las autoridades locales a recuperar el control de algunas zonas, principalmente en Puerto Príncipe y la región metropolitana, pero su llamamiento apenas obtuvo eco. Ningún país parecía dispuesto a liderar esta nueva misión.
Ya en julio de este año, y tras una visita sobre el terreno, insistió en la necesidad de desplegar una fuerza internacional. El Gobierno haitiano, liderado por Ariel Henry desde el asesinato de Moise, venía reclamando también algún tipo de asistencia, requisito imprescindible para que la ONU pudiese dar luz verde a la intervención.
“El día a día de la población en Haití es muy difícil”, reconoció Henry la semana pasada, durante un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que reclamó directamente una “acción urgente” por parte del Consejo de Seguridad, el órgano ejecutivo del que depende la autorización de un nuevo despliegue internacional.
El mandatario haitiano ve en esta misión un potencial punto de inflexión para que las autoridades puedan recuperar parte del control perdido, ayudando por ejemplo a la Policía a hacer frente a las bandas que han forzado a unas 20.000 personas a abandonar sus hogares, en su mayoría para vivir en campamentos improvisados y en condiciones precarias.
Henry agradeció la solidaridad de los países que ya han expresado su apoyo al nuevo contingente, especialmente a Kenia, que se ha ofrecido a tomar las riendas. De hecho, la semana de alto nivel de la ONU ha servido para que los dos países inicien formalmente relaciones diplomáticas.
“Estamos comprometidos con el envío de un equipo de especialistas que evalúe la situación y plantee estrategias viables que permitan avanzar hacia soluciones a largo plazo”, declaró el presidente de Kenia, William Ruto tras verse en Nueva York con el dirigente haitiano.
Estados Unidos y Ecuador están ya preparando la resolución que será sometida a votación en el Consejo de Seguridad, al mismo tiempo que terminan de tejerse los apoyos. El presidente estadounidense, Joe Biden, dio su apoyo de viva voz a la misión también desde la tribuna de la Asamblea General y su ministro de Exteriores, Antony Blinken, anticipó en otro foro que el despliegue puede ser “cuestión de meses”.
Blinken habló durante una reunión centrada específicamente en la situación de seguridad en Haití en la que comprometió “asistencia financiera y logística” por parte de Washington, que se quedaría al margen sobre el terreno. Por ahora, sólo Kenia ha puesto efectivos encima de la mesa, en concreto alrededor de un millar.
También en un primer momento se miró a Canadá, pero su primer ministro, Justin Trudeau, ha sugerido una implicación meramente externa, mientras que por parte de México, la ministra de Exteriores de México, Alicia Bárcena, reconoció en una reciente rueda de prensa que hay “muchas restricciones” a la hora de mandar tropas al exterior y apostó por participar en la formación de policías haitianos.
Por parte española, el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, ya declaró antes incluso de la Cumbre Iberoamericana de marzo que “España será parte de cualquier fórmula para apoyar a Haití”, un enfoque que reiteró en sus últimas reuniones en Nueva York. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han apuntado que España está igualmente a la espera de conocer el contenido de la resolución en ciernes.
Entretanto, la ONU sigue reclamando fondos para atender las ingentes necesidades humanitarias, ya que su plan de respuesta apenas ha recibido una cuarta parte de los fondos requeridos para este año, en un contexto en el que más de 4,3 millones de personas sufren una grave inseguridad alimentaria y hay riesgo incluso de hambruna en algunos núcleos.
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