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La ONU dice que la nueva ley contra desinformación en Turquía deja la puerta abierta a un “abuso arbitrario”

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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha mostrado este viernes su preocupación por la ley aprobada en Turquía contra la desinformación que contempla penas de hasta tres años de prisión por la difusión de “noticias falsas”, asegurando que deja la puerta abierta a la interpretación y a un posible “abuso arbitrario” y “subjetivo”.

“En un contexto ya muy restrictivo, corren el riesgo de limitar aún más los derechos de las personas a buscar, recibir y difundir información, tal como lo garantiza el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Turquía es parte”, ha afirmado una portavoz de la oficina de la ONU, Marta Hurtado.

En este sentido, ha señalado que, según el Derecho Internacional, la libertad de expresión no se limita a la información “veraz”, sino que se aplica a “información e ideas de todo tipo”, al tiempo que ha recalcado que “la libertad de expresión y el acceso a la información son necesarios para la participación efectiva de las personas en la vida pública y política y esenciales en cualquier democracia”.

“Lamentamos que estas leyes se hayan redactado y adoptado sin una consulta significativa con la sociedad civil y los representantes de los medios”, ha dicho, agregando que este tipo de “marcos legales y regulatorios” tan amplios deben tener un “amplio debate público”.

Finalmente, Hurtado ha hecho un llamamiento a las autoridades turcas para que garanticen “el pleno respeto de la libertad de expresión garantizada por el Derecho Internacional”, una alerta que también ha compartido la Unión Europea, que se ha mostrado temerosa de que esta nueva ley se llegue a usar para limitar libertades.

El Parlamento de Turquía aprobó el jueves una ley de desinformación que castigará con hasta tres años de prisión la difusión de “noticias falsas”. El artículo 29 de la ley abre el camino para que los periodistas y usuarios de redes sociales sean condenados con hasta tres años de prisión por “difusión de información engañosa al público”. En el caso de que el autor cometiese este delito ocultando su verdadera identidad o en el marco de las actividades de una organización, la pena de que se trate aumentará.


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