Acusan al movimiento al menos nueve ejecuciones extrajudiciales y de generar un ambiente de inseguridad para las mujeres y trabajadores humanitarios
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha informado al Consejo de Seguridad de que los talibán continúan violando los Derechos Humanos en Afganistán, en especialmente los de las mujeres y de las minorías, en medio de un incremento de los incidentes violentos en el país desde febrero a mediados de mayo y que se han saldado con casi 75 civiles muertos, la mitad por munición abandonada.
En el informe presentado este viernes, el secretario general de la ONU constata 2.505 incidentes de seguridad en Afganistán desde el 1 de febrero al 13 de mayo de este año, un 55 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.
El documento achaca este aumento en particular a un aumento de los “incidentes relacionados” con los narcóticos en el país — 418 frente a los 212 del año pasado, mismo período — debido fundamentalmente a los “esfuerzos de las autoridades talibán contra el cultivo de opio; una campaña que ha generado el profundo rechazo de las comunidades agrícolas más pobres de Afganistán.
Esta campaña ha generado un efecto dominó que ha repercutido en el aumento de los incidentes relacionados con las disputas sobre posesión de tierras, de 20 en 2023 (de nuevo, mismo periodo) a 51 en 2024, especialmente en el sur y el este del país.
CASI 75 CIVILES MUERTOS Y NUEVE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
El informe de la Secretaría General constata al menos 30 civiles muertos y 68 heridos por “ataques con artefactos explosivos improvisados” en el país, causados en su mayor parte por la facción afgana de la organización yihadista Estado Islámico. Guterres, sin embargo, llama la atención especialmente en los 44 niños muertos (36 niños y 8 niñas) y 116 heridos por la explosión de municiones abandonadas que confunden con juguetes. Nueve de estos niños murieron en un solo incidente ocurrido el 31 de marzo en la provincia de Ghazni.
Guterres recuerda que, entre febrero y mayo de este año, la misión de la ONU en el país, la UNAMA, ha documentado al menos nueve casos de ejecuciones extrajudiciales: tres contra miembros del depuesto Gobierno afgano y seis contra presuntos integrantes de Estados Islámico y la oposición armada del Frente de Resistencia Nacional, levantado contra los talibán en 2021 y todavía enfrentado a los fundamentalistas.
El documento también indica que el personal de la ONU no se ha librado de la violencia y detalla 31 incidentes donde la seguridad de sus empleados se ha visto afectada, entre ellos siete casos de acoso e intimidación como el protagonziado por miembros de la Dirección de Inteligencia Talibán el 4 de marzo en Kabul, cuando entraron por la fuerza en las instalaciones de la ONU en la capital afgana. A esto se suman informaciones de “detenciones arbitrarias, torturas y maltratos” a antiguos responsables del Gobierno depuesto y las antiguas fuerzas de seguridad, en violación de la amnistía general prometida por los fundamentalistas.
Por último, y como viene siendo habitual, Guterres indica que los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas siguen bajo severas restricciones tras recordar, en particular, que el nuevo año lectivo comenzó el 20 de marzo sin que las niñas pudieran acudir a los centros lectivos más allá del sexto curso de primaria. Una encuesta efectuada por ONU-Mujeres a más de 800 mujeres afganas entre el 17 y el 23 de abril concluye que solo un 4 por ciento de ellas ha manifestado su respaldo a las autoridades talibán. Un 64 por ciento de ellas confesaron que viven “inseguras” desde el retorno de los fundamentalistas al poder en 2021.
En términos generales, “Afganistán sigue enfrentando graves desafíos económicos y humanitarios, que se ven exacerbados aún más por el impacto adverso del cambio climático y una cantidad cada vez menor de ayuda internacional, que afectan gravemente a un gran número de ciudadanos del país, en particular mujeres y niños”, de acuerdo con el informe.
Por todo ello, “las políticas restrictivas de las autoridades de facto no sólo violan los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que también afectan los medios de vida de las personas que viven en Afganistán, aumentando la carga humanitaria y contribuyendo a una posible inestabilidad” en un año, 2024, durante el cual 23,7 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en el país y donde Naciones Unidas sólo ha recibido el 16,2% de los casi 3.000 millones de euros solicitados para ayudar a 17 millones de afganos en situación de especial emergencia.
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