MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha concluido que las fuerzas de seguridad de la ONU cometieron abusos en la represión de las protestas desatadas en diciembre de 2023 tras el cese del entonces presidente, Pedro Castillo, y han reclamado que los responsables de estos excesos rindan cuentas ante la Justicia.
Así consta en un informe publicado este jueves y en el que se reclaman reformas para garantizar el derecho de reunión pacífica y asegurar el diálogo inclusivo en Perú, ahora bajo la Presidencia de Dina Boluarte. Según los investigadores, los agentes hicieron un uso desproporcionado de la fuerza en unas protestas que se saldaron hasta marzo de 2023 con 50 muertos y más de 820 heridos, a los que se sumarían 208 heridos entre las fuerzas de seguridad.
Las autoridades abrieron investigaciones penales contra 241 personas, de las cuales 221 quedaron archivadas por falta de pruebas. La Fiscalía ha abierto también 45 expedientes para investigar los presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas y el jefe de Derechos Humanos de la ONU cree que es momento de que los responsables de violaciones rindan cuentas “a través de procedimientos judiciales justos”.
“La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral”, ha señalado el Alto Comisionado. El Gobierno peruano ha facilitado ya apoyo económico a más de 260 personas.
Turk ha pedido cambios normativos pero también atender las causas subyacentes a las movilizaciones, lo que pasa por un “diálogo nacional inclusivo”. “Es primordial que se aborden las quejas y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana. Todo el mundo necesita sentirse escuchado y representado en la sociedad para poner fin a las interminables crisis políticas y sociales”, ha planteado.
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