MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado de la precaria situación que aún padecen los refugiados rohingya, esa minoría apátrida que huye de Birmania desde 2017, y ha pedido más apoyo regional al sudeste asiático para aliviar los esfuerzos que ya hacen países como Bangladesh o Indonesia.
El deterioro de las condiciones en Bangladesh, la falta de ayuda y de soluciones para el millón de rohingya que hay en el campo de refugiados de Cox’s Bazar, así como la escala del conflicto en Birmania, han provocado que hayan puesto rumbo a Tailandia y Malasia, donde sus embarcaciones pueden ser devueltas al mar.
Por ello, la OIM ha pedido a los países de la región que sigan el ejemplo de Indonesia y las comunidades locales de la provincia de Aceh, que han facilitado el desembarco de unos “desesperados” rohingya que “buscan protección internacional”.
“La OIM anima a otros países de la región a llevar a cabo búsquedas y rescates en el mar, proporcionar un puerto seguro a los rohingyas y aliviar la carga que pesa sobre Indonesia”, ha invitado la directora regional de la OIM para Así y Pacífico, Sarah Lou Ysmael Arriola.
Asimismo, Arriola ha alertado de que impedir el desembarco de estas personas y devolverles al mar es una violación de los derechos más elementales, que todos los Estados están obligados legal y moralmente a respetar.
La OIM ha verificado que entre el 14 y el 22 de noviembre cinco embarcaciones con casi 1.100 personas, la mayoría mujeres y niños, han llegado a las costas de Indonesia procedentes de las sobresaturadas instalaciones de Cox’s Bazar, que solo han recibido el 49 por ciento de la ayuda solicitada.
Eso significa que Indonesia ha recibido ya más gente que en toda la pasada temporada de navegación, de octubre de 2022 a septiembre de 2023, y si bien por ahora las autoridades de ese país, en coordinación con la OIM, ha podido atender a todos ellos, es necesario la colaboración del resto para aliviar la situación.
La OIM también ha pedido a las autoridades de la región un equilibrio entre el derecho al asilo y la detención de personas, poniendo especial énfasis en que estas restricciones se apliquen solo a las redes de tráfico de seres humanos.
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