MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió este viernes a la Agencia Española de Protección de Datos una “mayor protección” ante las llamadas comerciales no deseadas.
Así lo reclamó después de realizar un estudio para comprobar la posibilidad “real” de los usuarios de ejercer su derecho a revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines comerciales.
Debido al “preocupante resultado” del sondeo, ha solicitado a la agencia que “refuerce” la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios en relación con las comunicaciones no deseadas, así como otras medidas que “faciliten” la reclamación contra las compañías que las realizan.
En este contexto, subrayó que su estudio arroja el “preocupante” resultado de solo poder identificar la empresa que realizaba la llamada para iniciar el proceso de revocación en tres ocasiones, respecto del más de medio centenar de llamadas, es decir, solo en el 0,03% de los casos.
“En el resto, se trataba mayoritariamente de numeraciones en las que un mensaje indica que no es posible recibir llamadas o no existe el número”, agregó, al tiempo que señaló que también intentó solicitar la correcta identificación de la empresa en la primera llamada y, el resultado fue que el operador “cuelga de inmediato”.
Por todo ello, OCU ha trasladado a la AEPD “diversas propuestas” encaminadas a “dar solución” a un “problema latente” y que trata de evitar la, a su juicio, “desprotección actual con la que se encuentran los consumidores ante estas llamadas comerciales”.
PROPUESTAS
Entre dichas propuestas, citó la creación de un registro común de autorizaciones para llamadas comerciales de forma que el consumidor pueda conocer a qué empresas les tiene otorgado el consentimiento y que, por parte de éstas, exista la obligatoriedad de consultar este registro antes de formular estas llamadas.
En relación con la conocida ‘Lista Robinson’, solicitó su “renovación” para que se permita al usuario que se inscribe anular de forma automática todos los consentimientos dados, obligando, de esta forma, a las empresas a confirmar que el mismo no ha sido revocado en una fecha posterior a su autorización, antes de realizar cualquier tipo de llamada comercial.
Por otro lado, para “atajar la dificultad” con la que cuenta el consumidor a la hora de identificar las empresas emisoras, reclamó que todas las numeraciones telefónicas vinculadas a un CIF “dejen de tener una protección especial que dificulte identificar al titular sin intervención judicial”.
Del mismo modo, exigió que todas las numeraciones utilizadas para realizar llamadas comerciales permitan al usuario devolver la llamada a esa numeración y ser atendido por un operador y que las contrataciones telefónicas se hagan en una llamada diferente.
OCU considera que para “erradicar” la “desprotección” actual que sufren los consumidores ante este tipo de prácticas comerciales, “es necesario poner en práctica medidas que sirvan para proteger y dar seguridad a los mismos”.
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