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La OCU ha denunciado a siete festivales de música al aire libre por malas prácticas que podrían afectar a 947.000 personas

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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció este lunes que ha presentado una serie de denuncias ante las autoridades de consumo de distintas comunidades autónomas contra el FIB, el Monegros Desert Festival, el Puro Latino, el Sonórica, el Zevra Festival, el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound por malas prácticas que podrían afectar a alrededor de 947.000 personas.

Lo hizo en un comunicado en el que subrayó que ha observado que los siete festivales cobran una comisión de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta ‘cashless’, un medio de pago obligatorio que limita el derecho de los asistentes a usar el efectivo. De hecho, en ocasiones se impone un plazo de apenas unos días para reclamar la devolución (cinco en el caso del FIB), superado el cual se pierde el dinero, lo que supone “un enriquecimiento injusto del promotor”.

Otra de las malas prácticas detectadas es el cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival, que podría alcanzar un coste de hasta 25 euros, en el FIB, el Fortaleza Sound, el Puro Latino, el Zevra Festival y el Monegros Desert Festival.

La OCU también denunció la prohibición de entrar con alimentos y bebidas en las instalaciones donde se celebran estos festivales, lo que la organización considera una práctica “abusiva, por cuanto la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria”. Esto se ha observado en el Bilbao BBK Live, el FIB, el Fortaleza Sound y el Monegros Desert Festival.

Del mismo modo, la organización consideró “abusivo” el cobro por los vasos reutilizables, “sin posibilidad de reembolso”, como sucede en el FIB (2,5 euros la unidad) o el alquiler de vasos para poder beber agua potable, como sucede en el Fortaleza Sound. La OCU puso de manifiesto que “debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario, puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones”.

Ante esta situación, reclamó a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos “abusos” que “determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados”.

A pesar de ello, afirmó que lo adecuado sería que el Gobierno pusiera en marcha “una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas”.

Esto le sirvió para denunciar que actualmente, salvo en el caso de Asturias, “la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre”.

Por último, OCU instó a los afectados por estas prácticas a solicitar la hoja de reclamaciones; en el caso de el establecimiento no contara con ella, explicó que han de llamar a la policía local para que se persone, y observó que alguna de estas acciones, además del reembolso del dinero, puede dar lugar a una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del aficionado.


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