MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia trabas de las distribuidoras y la administración en el autoconsumo fotovoltaico y les exige la agilización de los trámites legales, tal y como establece la Directiva europea de energías renovables.
Según datos ofrecidos por OCU, un 19% de la energía que producen las instalaciones de autoconsumo se está perdiendo por los retrasos en su legalización, lo que equivale al 0,4% del conjunto de la demanda eléctrica nacional.
Así, aunque la potencia generada por las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España se multiplicó por dos en 2022, hasta alcanzar los 5.249 MW, la organización considera que “sigue habiendo importantes trabas a su puesta en marcha”.
En concreto, apunta a los retrasos en su legalización, que no hacen sino “lastrar la amortización de las instalaciones y desincentivar la inversión”.
OCU señala como “primer responsable” de estos retrasos a las propias administraciones, pues si bien el Decreto de Ahorro energético aprobado por el Gobierno hace poco más de un año agilizó ciertos trámites, este “sigue siendo insuficiente”.
La organización también considera que las consejerías de las comunidades autónomas “tampoco parecen muy rápidas a la hora agilizar las autorizaciones”, en contra de lo que establece la Directiva Europea de energías renovables.
Sobre “las malas prácticas” de las distribuidoras de electricidad OCU pone como ejemplo la dificultad de la formalización de los contratos individuales, la prohibición de que un consumidor esté asociado a más de un autoconsumo o la obligación de que el titular modifique las instalaciones de enlace o en la red.
En definitiva, OCU ha instado a terminar con “el ingente despilfarro energético” que supone el retraso de la conexión de la instalación a la red eléctrica.
Para ello ha exigido a las administraciones implicadas “acordar un procedimiento común y sencillo, así como a disponer del personal necesario para agilizar los trámites”, mientras que a las distribuidoras, les ha demandado “cesar automáticamente las prácticas ilegales y asumir los cambios técnicos que les corresponde” o en caso contrario, “deberán ser sancionadas como procede y de forma ejemplar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”.
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