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La OCU denuncia a seis aerolíneas por cobrar suplemento por la maleta de cabina

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MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Easyjet, Eurowings, Norwegian, Ryanair, Vueling y Wizz Air por cobrar a sus pasajeros un suplemento de entre cinco y 40 euros por llevar maleta de cabina cuando se contrata una tarifa económica.

Así lo anunció este jueves en un comunicado en el que subrayó que esta es una de las conclusiones de un estudio comparativo que realizó sobre las condiciones de transporte de una pequeña maleta de cabina en 23 aerolíneas.

Según dicho estudio, en concreto Easyjet cobra entre 7,99 y 16,99 euros con la tarifa Estándar; Eurowings, desde 15 euros con la tarifa Basic; Norwegian, entre siete y 14,90 euros con la tarifa Low Fare; Ryanair, entre ocho y 32 euros con la tarifa Value; Vueling, entre 9,50 y 20 euros con la tarifa Basic y Wizz Air, entre cinco y 40 euros con la tarifa Basic.

La organización de consumidores precisó que las compañías afectadas mantienen que sus tarifas estaban “amparadas” por el Reglamento CE 1008/2008, que estableció la “total liberalización” de precios en el sector del transporte.

Sin embargo, recordó que son “varias” las sentencias, la última del 17 de junio de 2022 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid, que consideran esta práctica “abusiva y contraria a los derechos de los consumidores”.

En este sentido, puntualizó que la Ley de Navegación Aérea indica que el transporte del viajero y su equipaje están incluidos de manera gratuita en el precio del billete y que, en lo que se refiere al equipaje de cabina, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo “recomienda” unas dimensiones de 55x35x20 centímetros (25 litros de volumen útil), superiores al establecido por la “gran mayoría” de las compañías.

En este contexto, la OCU animó a los consumidores afectados a reclamar aquellos cobros que se les apliquen por embarcar la maleta de cabina, así como a dirigirse a las autoridades competentes en consumo de su comunidad autónoma para que inicien “actuaciones sancionadoras”, como ya ha hecho, por ejemplo, la Dirección general de Consumo de Islas Baleares.


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