BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
El Parlamento Europeo ha fijado este martes sus líneas rojas para negociar con los Veintisiete la nueva ley contra la difusión de pornografía infantil online que Bruselas urge a cerrar pero cuyo control masivo sobre comunicaciones para identificar material ilícito genera dudas en materia de ciberseguridad y privacidad de los usuarios.
De hecho, la posición adoptada con 51 votos a favor, dos en contra y una abstención por la comisión europarlamentaria de Justicia e Interior (LIBE) deja claro la oposición de los eurodiputados a que la Ley para prevenir y combatir el abuso sexual de menores on line (CSAM) permita una supervisión masiva e indiscriminada de las comunicaciones privadas.
Conscientes de que la detección y denuncia voluntarias por parte de las empresas digitales ha resultado ser insuficiente en la lucha contra el abuso infantil en la red, la Unión Europea trabaja para hacer obligatorias las órdenes de detección para las grandes plataformas, que deberán alertar a las autoridades si detectan material pedófilo.
Con la nueva norma, cuya forma definitiva debe negociar ahora la Eurocámara con el Consejo (los gobiernos), los países deberán designar una autoridad de coordinación –capacitada para multar a los proveedores incumplidores_que podrá solicitar a las autoridades judiciales “órdenes de detección” cuando crean que existe un riesgo importante de que el servicio en cuestión esté siendo utilizado para difundir abusos sexuales a menores.
Estas órdenes de detección deberán ser un medio de “último recurso” cuando otras medidas de mitigación hayan fracasado en el control y las autoridades competentes podrán emitir órdenes de retirada, bloqueo y exclusión.
En su mandato, los eurodiputados insisten en que tales órdenes estén claramente acotadas al acceso a mensajes de “individuos o grupos sospechosos” de difundir contenido de abuso sexual a menores en base a un “grado razonable de sospecha” y estén limitadas en el tiempo, para evitar una vigilancia generalizada de Internet.
En este sentido, defienden que los mensajes encriptados de extremo a extremo queden fuera del alcance de las órdenes de detección para garantizar que todas las comunicaciones privadas de los usuarios siguen siendo “seguras y confidenciales”. Los proveedores, añaden, podrán elegir qué tecnologías emplean siempre y cuando cumplan con las estrictas salvaguardas de la norma comunitaria.
El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es un sistema de encriptación que protege las comunicaciones, de modo que solo el emisor y los usuarios que reciben un mensaje pueden ver su contenido, impidiendo que terceros o la propia empresa responsable del servicio puedan acceder a él. Este sistema se utiliza actualmente en plataformas como WhatsApp, Messenger de Facebook o Telegram.
“Hemos logrado un compromiso jurídicamente sólido, apoyado por todos los grupos políticos”, ha celebrado el ponente de la posición de la Eurocámara, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, quien ha destacado que el mandato acordado “respeta el equilibrio entre la protección de, menor y la protección de la vida privada”.
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