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La ley de amnistía fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso después de los cambios acordados por PSOE, ERC y Junts

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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Justicia ha aprobado este jueves el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía incorporando las cuatro enmiendas transaccionales que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts.

La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos, en representación del Grupo Mixto, y frente al ‘no’ de PP y Vox.

La Ley de Amnistía tuvo que volver a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.

Una vez aprobado por la comisión, el dictamen de la Ley de Amnistía se elevará al Pleno del Congreso, que lo verá la próxima semana. Eso sí, como el orden del día ya estaba cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, el PSOE y sus aliados forzarán un segundo pleno, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley de forma monográfica.

En este Pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios han acordado retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más, aseguran fuentes parlamentarias.

Eso sí, como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias.

Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.

Pero si en el próximo Pleno del Congreso la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.


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