MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Un tribunal de Nicaragua ha ordenado la retirada de la nacionalidad de los 135 presos políticos que fueron excarcelados y trasladados a Guatemala la semana pasada, en línea con las decisiones adoptadas en otras liberaciones previas y pese al riesgo de apatridia que conlleva.
La última medida parte de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que apela a las leyes aprobadas en los últimos años por el Gobierno de Daniel Ortega para justificar que esas 135 personas no tienen derecho a la nacionalidad al ser condenadas por actuar contra la soberanía y la seguridad nacionales e incitar “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica”.
La sentencia, divulgada por la Corte Suprema de Justicia y recogida por medios afines al régimen, recoge asimismo la incautación de todos los bienes propiedad de los condenados, en aras de sufragar “los severos daños materiales e inmateriales” derivados de las supuestas “actividades delictivas”.
La excarcelación del último grupo se concretó el jueves y contó con la mediación de Estados Unidos. El subsecretario de Estado adjunto en la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, ha aclarado en un encuentro con periodistas que “no hubo intercambios ni concesiones” a las autoridades nicaragüenses a cambio de las excarcelaciones.
En este sentido, ha pedido al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que garantice la “inmediata e incondicional” liberación de “todos los presos políticos” para que “recuperen sus vidas sin represión ni temor a represalias”.
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