MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La junta militar de Chad ha instado a aportar pruebas sobre las acusaciones que pesan en su contra por las supuestas ejecuciones extrajudiciales durante la violencia política desatada el pasado 20 de octubre, que, según reconocieron las autoridades por primera vez el jueves, se saldaron con más de 600 detenidos.
“Si alguien tiene una lista de nombres, con identidades precisas (…) y el lugar donde fueron ejecutados extrajudicialmente que haga la denuncia”, ha precisado el ministro chadiano de Justicia, Mahamat Ahmad, calificando estas acusaciones de “extravagantes”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Aziz Mahamat Saleh, ha explicado que, aunque las autoridades no van “a esconder los muertos”, hay que esperar para ver la situación legal, ya que son necesarias “pruebas convincentes”.
El fiscal de N’Djamena, Moussa Wade Djibrine, informó en la víspera que 621 personas fueron detenidas por la Policía el pasado 20 de octubre y trasladadas a Koro Toro, donde se encuentra una prisión de máxima seguridad en medio del desierto, según recogió el portal de noticias Alwihda info.
De estas personas, un total de 401 fueron enviadas a juicio siguiendo el procedimiento habitual. Las protestas, que según organizaciones internacionales se cobraron la vida de al menos 50 personas y 300 heridos, estallaron después de que la junta decidiera extender otros dos años el mandato de Mahamat Idriss Déby, que inicialmente tenía previsto abandonar el cargo para devolver el poder a un gobierno civil.
Según Mahamat Saleh, la principal consigna de la movilización era la de “hacer el país ingobernable y dividir a Chad”, incluso si para ello era necesario recurrir a “vías insurreccionales”. “Cuando atacas la residencia del presidente de la Asamblea Nacional, un campamento militar o una comisaría, en realidad es cualquier cosa menos una manifestación pacífica”, dijo anteriormente.
Las autoridades chadianas han reunido fotografías y documentos oficiales que respaldan su versión y señalan a Succès Masra, líder opositor, como uno de los principales instigadores de lo que consideran como una revuelta. Aun así, anunciaron que aceptaban el despliegue de una misión internacional de investigación para aclarar lo ocurrido durante la violencia de mediados de octubre.
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