ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía “se alegra de que por fin el Gobierno reaccione” en relación al hotel ubicado en la playa del Algarrobico, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, “un hotel ilegal y un atentado medioambiental perpetrado durante los gobiernos del PSOE” –apostillan desde el Ejecutivo del PP-A–, si bien discrepa de la fórmula elegida por el Ejecutivo central para proceder a su demolición, y le invita a actuar “por la vía más rápida”.
Son ideas que han trasladado fuentes del Gobierno andaluz consultadas por Europa Press después de que la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado este lunes, en una visita a Carboneras, que el Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el referido hotel, como paso previo a su expropiación y posterior demolición.
En concreto, el Gobierno aprobará una declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección necesarios para garantizar la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras.
Desde la Junta de Andalucía han replicado que “no hace falta expropiar para demoler el edificio”, y “basta que el Ayuntamiento de Carboneras –gobernado por Salvador Hernández, de Ciudadanos (CS)– cumpla lo que mandó” el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “y declare nula la licencia de obras que otorgó en su día”.
De esta manera, desde el Gobierno andaluz del PP-A sostienen que “la expropiación no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial”, y “la fórmula más rápida y segura es que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras que el PSOE concedió en su día”.
De igual modo, el Gobierno de Juanma Moreno ha querido dejar claro que “la Junta de Andalucía está preparada para cumplir con su obligación de manera inmediata: reciclar los escombros y restaurar la playa”, y “sólo necesita que antes cumpla el Gobierno de España y derribe el edificio, como es su obligación”, apostillan.
Desde la Junta han apuntado además que “el Gobierno del PSOE en España inició hace 20 años un expediente de expropiación idéntico al anunciado ahora, y en 2009 lo archivó, entre otros motivos, al considerar que la nulidad de la licencia era lo más efectivo”.
“FALTA DE LEALTAD” DEL GOBIERNO CON LA JUNTA
Por otro lado, desde el Gobierno andaluz han considerado que el anuncio de la vicepresidenta Montero “demuestra falta de lealtad con la Junta de Andalucía adelantando una decisión que no sólo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos”.
Al respecto, desde la Junta se han remitido al acta de la reunión de dicha comisión del 11 de marzo de 2024, que, según explican, recoge que la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, “coincide en la necesidad de que recaiga nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales por el Ayuntamiento de Carboneras para poder continuar en el sentido encaminado a la demolición del edificio”.
Finalmente, desde la Junta han remarcado que “la Justicia ha apremiado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de revisión de oficio de la licencia de obras, que podría acabar declarando su nulidad”.
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