MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca celebró este miércoles en Madrid la jornada ‘Sostenibilidad empresarial y greenwashing’, para analizar los retos y oportunidades de la sostenibilidad empresarial y la normativa para la lucha contra el ‘greenwashing’.
Con la participación de catedráticos en Derecho Mercantil, el evento ofreció una visión detallada sobre la evolución de las regulaciones europeas y su impacto en el tejido empresarial. Fernando Carbajo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, fue el encargado de presentar las mesas de debate. Las conclusiones destacaron que “la sostenibilidad ya no es solo un factor de diferenciación, sino un requisito ineludible para la competitividad y la permanencia en el mercado”.
Una de las mesas redondas, moderada por Fernando Carbajo, abordó el fenómeno del ‘greenwashing’ y su impacto en la confianza del consumidor y la competencia en el mercado. Participaron en este debate José Massaguer, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia; Mercedes Curto, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Jorge Viera, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos y consultor de Herbert Smith Freehills.
Los expertos analizaron cómo las afirmaciones medioambientales engañosas han proliferado en los últimos años, generando una distorsión en la competencia y poniendo en riesgo la credibilidad de las empresas realmente comprometidas con la sostenibilidad. Indicaron que esta realidad ha tenido como consecuencia una intensa actividad legislativa destinada a combatir estas conductas, y ello con origen principal en la legislación de la Unión Europea desde la óptica de la competencia desleal, ya que el consumidor es sometido a confusión y engaño para que (inducido por el error) opte por un producto en detrimento de otro.
Así, se destacó la Directiva (UE) 2024/825 que endurece el marco regulatorio contra estas prácticas, estableciendo que cualquier alegación ambiental deberá estar respaldada por información verificable. Entre las principales novedades normativas, se encuentran la prohibición de hacer afirmaciones medioambientales futuras sin planes detallados y verificables, así como la obligación de transparencia en los métodos de comparación de productos ecológicos.
Además, se subrayó el papel de la legislación española en esta materia, con especial atención a la Ley de Competencia Desleal y el proyecto de Ley de Consumo Sostenible, que establecen sanciones para las empresas que utilicen mensajes de sostenibilidad sin justificación. Se abordó el impacto del uso de términos como “neutro en carbono” o “100% ecológico” que deberán estar rigurosamente documentados para que no sean consideradas alegaciones medioambientales vagas, engañosas o infundadas.
SOSTENIBILIDAD
La otra mesa redonda de la jornada, dedicada a la sostenibilidad empresarial, contó con la participación de Antonio Roncero, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha y Of Counsel de Écija Abogados; Santiago Hierro, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares y Of Counsel de DLA Piper; y Carmen Alonso, catedrática emérita de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de los aspectos más relevantes del debate fue el impacto de la directiva de presentación de información sobre sostenibilidad y su transposición en España. Esta normativa obligará a muchas empresas a reforzar sus mecanismos de reporte de sostenibilidad, incluyendo información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. “El gran desafío de la sostenibilidad corporativa no es su valor, sino cómo demostrarlo de manera fiable y evitar caer en métricas vacías o narrativas sin sustento”, destacaron los ponentes.
En paralelo, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad impone un nuevo marco de responsabilidad en el que las empresas no solo deberán evaluar y mitigar los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones, sino también en toda su cadena de suministro, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que finalmente pueda contemplar la nueva normativa comunitaria que recoja el Reglamento Ómnibus. Se debatieron las implicaciones de este marco regulatorio en términos de supervisión, auditoría y sanciones, así como la necesidad de una mayor claridad regulatoria para evitar una carga administrativa excesiva para las empresas.
También se abordó el proyecto Ómnibus de la UE en materia de sostenibilidad, el cual busca mejorar la coherencia regulatoria y reducir la carga administrativa, proporcionando directrices claras para las empresas en la implementación de sus estrategias de sostenibilidad.
Se resaltó igualmente la importancia de la gobernanza societaria en materia de sostenibilidad, y ello desde la perspectiva del deber de diligencia de los administradores. Será competencia del consejo establecer en la política de sostenibilidad, de un lado, qué funciones corresponden al consejo y sus comisiones (lo que podríamos llamar la gobernanza del primer nivel) y, de otro, cuáles a la dirección (la gobernanza del segundo nivel).
El mensaje final de la jornada fue que “las empresas no pueden permitirse tratar la sostenibilidad como un simple eslogan. En un entorno regulado cada vez más supervisado, aquellas que no adapten sus prácticas correrán el riesgo de enfrentarse a sanciones, a perder la confianza de los consumidores o, incluso, quedarse fuera del mercado”.
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