MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La activista iraní Narges Mohamadi, galardonada con el premio Nobel de la Paz 2023, se ha negado a comparecer este martes ante un tribunal en Teherán en el marco de un nuevo juicio en su contra relacionado con sus actividades en la cárcel de Evin, donde cumple condena.
“La corte revolucionaria es el matadero de la juventud de esta tierra y no pondré un pie en ella ni daré crédito o autoridad a jueces asociados con agencias de seguridad y tribunales del orden”, ha explicado su familia en su cuenta oficial de Instagram.
En este sentido, ha resaltado la “falta de independencia” del sistema judicial iraní, así como la “ilegalidad” que representa la corte revolucionaria, la “celebración de juicios informales” y “la incapacidad” de los acusados de no tener “derecho a la defensa”.
La familia indicó en una publicación anterior en la citada red social que, en caso de ser condenada, su sentencia la cumpliría en una cárcel fuera de Teherán. Desde el pasado 29 de noviembre, la activista no ha podido realizar llamadas ni tener visitas.
Mohamadi, que acumula una pena total de 31 años de cárcel tras ser condenada en hasta cinco ocasiones por distintos delitos –entre ellos conspirar contra la República Islámica–, inició en noviembre una huelga de hambre tras denunciar a las autoridades por impedirle ingresos hospitalarios al no llevar el velo.
Varias presas, entre ellas la escritora Golroj Iraee y la periodista Vida Rabbani, iniciaron también huelgas de hambre en solidaridad con Mohamadi, quien recibió el premio Nobel de la Paz 2023 por su “lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los Derechos Humanos y la justicia para todos”.
La activista iraní, también galardonada en mayo de este año con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de Naciones Unidas, se ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida en prisión y ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel.
Parte de la condena responde a la publicación del libro ‘Tortura Blanca’, que describe la situación de los presos bajo confinamiento, acompañado de un informe publicado en diciembre de 2022 sobre la condición de las presas y los abusos a los que se ven expuestas por parte del personal de las cárceles.
Su última sentencia le añadió diez años y ocho meses de prisión, así como 154 latigazos, por la comisión de “delitos relacionados con la seguridad nacional y propaganda contra el Estado” en lo que organismos humanitarios internacionales denunciaron como una condena relacionada por su activismo.
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