El Ministerio Público asegura que no pretende interferir en la realización de la segunda vuelta electoral
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Guatemala ha dicho este viernes que continuará su investigación sobre el Movimiento Semilla, asegurando que investigara “sin excepción alguna” toda denuncia relacionada con posibles delitos electorales.
“El Ministerio Público (la Fiscalía de Guatemala) ha sido y continuará siendo garante del estricto cumplimiento de las leyes del país, sin excepción alguna”, reza un comunicado de prensa compartido en Twitter.
En el escrito se explica que esta decisión entra dentro de las competencias del Ministerio Público y se ha tomado “de conformidad con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad”.
Así, la Fiscalía guatemalteca ha aclarado que la investigación en cuestión “se circunscribe en este momento a los hechos ocurridos durante la conformación del partido político Movimiento Semilla, que como institución de derecho público tiene claramente definidos los requisitos y normas legales aplicables para su constitución”.
En este sentido, el Ministerio Público ha reiterado que investigará toda denuncia relacionada con la posible comisión de algún delito electoral “por persona particular o partido político” y ha enfatizado que sus actuaciones en este caso “no tienen como finalidad interferir en la fecha de realización de la segunda vuelta electoral –prevista para el 20 de agosto– ni inhabilitar la participación de ningún candidato”.
“El Estado de Derecho se resguarda con un respeto irrestricto a la ley”, sentencia la nota de prensa.
La Justicia guatemalteca suspendió este miércoles la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla –que quedó segundo en las elecciones presidenciales celebradas el 25 de junio– por una denuncia presentada por un ciudadano que supuestamente se dio de alta en el partido de forma ilegal.
El jueves, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca anunció que otorgaba el amparo provisional Movimiento Semilla, deteniendo la suspensión de su personalidad jurídica dictada por un juez el día anterior, a petición de la Fiscalía, alegando un supuesto delito de lavado de dinero u otros activos.
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