BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe que prohíbe la obsolescencia programada para evitar que los fabricantes limiten la vida útil de un producto a través de características de diseño, al tiempo que les obliga a ofrecer actualizaciones de software, consumibles, repuestos y accesorios durante un periodo adecuado.
Los eurodiputados han adoptado (con 68 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones) su posición sobre la revisión del marco de diseño ecológico de la UE para productos sostenibles, que establece que los productos solo pueden venderse si van acompañados de un pasaporte, que contenga información precisa y actualizada.
Este pasaporte permitirá a los consumidores y las empresas tomar decisiones informadas al comprar productos, facilitar las reparaciones y el reciclaje y aumentar la transparencia sobre el impacto ambiental de lo que están comprando.
Los productos también deben ser fáciles de reparar y los consumidores deben tener acceso a las pautas de reparación, mientras que los operadores económicos que destruyen bienes no vendidos tendrán que informar el número anual y el porcentaje de productos que descartaron y esgrimir razones.
Basándose en esta información, los eurodiputados quieren que la Comisión identifique los productos para los que debería introducirse una prohibición de destrucción. Además, el informe pide una prohibición específica para la destrucción de textiles y calzado no vendidos, así como de equipos eléctricos y electrónicos, un año después de la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, solicitan que Bruselas priorice una serie de grupos de productos en su primer plan de trabajo, que se adoptará dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de las nuevas reglas. Estos productos prioritarios incluyen hierro, acero, aluminio, textiles –principalmente prendas de vestir y calzado–, muebles, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes y productos químicos.
Está previsto que el informe se adopte durante la sesión plenaria de julio y constituirá la posición de negociación del Parlamento con los gobiernos de la UE sobre la forma final de la legislación.
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