Interior disponía de seis embarcaciones cuando murieron dos agentes en Barbate, pero el temporal obligó a desplazar por carretera una zódiac
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil dispone de 13 patrulleras en la provincia de Cádiz y está renovando su flota con otras ocho embarcaciones para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado en la zona de aplicación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca seis provincias, desde Huelva a Almería e incluyendo Sevilla.
De las ocho patrulleras nuevas de alta velocidad en licitación por un valor total de 18,5 millones de euros, dos se han entregado ya en los últimos meses para reforzar la flota en Algeciras y Huelva, según informan a Europa Press fuentes gubernamentales.
Además, tres patrulleras están actualmente en fase de fabricación y las tres restantes, por un valor de 7,5 millones de euros, se encuentran en proceso de licitación.
La memoria justificativa de estas tres últimas embarcaciones aluden al estado “envejecido” de una tercera parte de las patrulleras de la Guardia Civil al superar los 20 años de antigüedad, cuando la vida útil de este tipo de medios navales es de 15 años, así como que el material no resistiría embestidas de narcolanchas, como ocurrió en Barbate el pasado viernes de forma trágica al dejar dos agentes fallecidos y ocho detenidos, seis en prisión provisional por el doble asesinato.
MATERIAL RESISTENTE Y MÁS VELOCIDAD
Según señalan las citadas fuentes, las nuevas patrulleras van dotadas de sistemas de navegación modernos y están preparadas para la navegación de altura a alta velocidad. Además, se fabrican con materiales más resistentes para maniobrar con mayor facilidad y, llegado el caso, tener más posibilidades de resistir el impacto de otras embarcaciones.
En febrero de 2023, la Guardia Civil estrenó la patrullera ‘Río Flumen’, presentada por el armador como la embarcación de intervención policial “más rápida del mundo” al poder alcanzar velocidades punta de 60 nudos, puesto que monta dos motores de 1.800 caballos, casi el triple de las lanchas del Instituto Armado.
El coronel de la Comandancia de Algeciras, Francisco Almansa, destacó que este tipo de embarcaciones tienen una gran maniobrabilidad y permite “competir en velocidad” con las narcolanchas que operan en el Estrecho y la costa andaluza, además de “ganar en seguridad y estabilidad” para la tripulación.
EL GOBIERNO DEFIENDE A MARLASKA
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cerrado filas en defensa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que “si hay alguien capacitado” para combatir el problema del narcotráfico es él.
“Ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión”, ha apuntado Pilar Alegría sobre Grande-Marlaska, que un día antes descartó dimitir y aseguró que existen ya los medios personales y materiales para hacer frente al narcotráfico, remitiéndose a la cuarta edición del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que presentó el viernes, horas antes del trágico suceso en Barbate.
Grande-Marlaska, además, ha desligado la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil de la falta de medios que denuncian asociaciones del Instituto Armado y sindicatos de la Policía Nacional, que han reclamado su dimisión.
Estas organizaciones policiales denuncian que había cinco embarcaciones inoperativas por averías, pero fuentes del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil señalan que, cuando ocurrió la tragedia de Barbate, había otras seis patrulleras disponibles en Algeciras.
Estas fuentes oficiales añaden que en Barbate se movilizó una zódiac de unos seis metros de eslora para que fuera trasladada en remolque por carretera hasta el puerto de este pueblo gaditano debido al temporal, que impedía la navegación de las patrulleras.
Es decir, aseguran que el mal estado de la mar impidió que se utilizaran las patrulleras de mayor potencia y tamaño que, según subrayan, estaban el pasado viernes plenamente operativas en Algeciras, por lo que se optó por usar una embarcación de menor tamaño y trasladarla por carretera hasta Barbate.
El operativo se montó con cuatro agentes de los GEAS, especialistas en actividades subacuáticas, y dos agentes del GAR, el grupo de acción rápida especializado en intervenciones de alto riesgo y que fue calve en la lucha contra ETA. De hecho, las reiteradas embestidas de una de las seis narcolanchas, la pilotada por ‘Kiko el Cabra’, provocaron la muerte en aguas del puerto de Barbate de dos agentes, uno del GEAS y otro del GAR.
BALANCE DEL PLAN CONTRA EL ‘NARCO’
Tanto el Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros como el propio Ministerio del Interior han destacado los resultados del Plan de Especial Seguridad para el Campo de Gibraltar que, desde 2018, ha dejado un balance de 1.668 toneladas de droga intervenida, así como 19.907 detenidos o investigados y 1.421 embarcaciones incautadas.
En las seis provincias andaluzas de aplicación del plan contra el ‘narco’ se han invertido más de 79 millones de euros: 39 millones en el crecimiento de las plantillas policiales y los refuerzos operativos y 40 millones en el refuerzo de las capacidades operativas y de inteligencia, así como los medios materiales y tecnológicos de Policía Nacional y Guardia Civil.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha recordado que creo el OCON-Sur en 2018 y que, posteriormente, destinó los 150 agentes comisionados en esta estructura a las diferentes unidades de policía judicial de las comandancias, negando por tanto que se haya “desactivado ningún organismo de coordinación”. La lucha contra el ‘narco’ cuenta en la actualidad con la coordinación del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN).
Fuentes el Gobierno han reiterado este martes las diferentes iniciativas para hacer frente al ‘narco’ en el Campo de Gibraltar y las provincias andaluzas, como la creación de doce nuevos juzgados en Cádiz o de diez plazas de fiscales. También citan que el Sepblac ha reforzado el control financiero, recibiendo desde 2018 más de 1.600 comunicaciones por indicios de operaciones sospechosas de blanqueo, una de las claves para desmantelar estas organizaciones criminales.
Entre las medidas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mencionado los 450 millones de euros para impulsar políticas activas de empleo y la subvención directa de 50 millones de euros a la Junta de Andalucía, así como la creación de ocho aulas mentor para mayores de 18 años en el plano de la educación y formación profesional, una iniciativa que beneficia a 310 personas.
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