El Instituto Armado no ha localizado “datos o informaciones que pudieran estar relacionadas” con su muerte
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato, en 1995, del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez que no ha encontrado hasta la fecha pruebas sobre su muerte en la documentación facilitada por las autoridades francesas.
En un oficio del pasado 10 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado informa al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, que “el estudio de la documentación obrante” en los conocidos como ‘sellos de ETA’ “no ha permitido la localización de datos o informaciones que pudieran estar relacionadas con el asesinato” del exdirigente ‘popular’.
“No obstante, si como consecuencia de las investigaciones que realiza la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre atentados de ETA se localizase algún dato relacionado con el asesinato del señor Ordóñez, el mismo sería puesto en conocimiento de ese Juzgado Central de Instrucción”, detalla la Benemérita.
Este escrito de la Guardia Civil llega después de que el instructor solicitase que se informase sobre si entre el contenido de los ‘sellos de ETA’ — una cincuentena de procedimientos judiciales franceses instruidos por la detención de miembros de ETA entre 1999 y 2009 que fueron entregados por Francia a España en febrero de 2018– pudieran encontrarse datos o informaciones relacionadas con el citado atentado.
EN BUSCA DE LOS AUTORES INTELECTUALES
La Audiencia Nacional ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado ‘Jon’ y ‘Zapata’; a Javier García Gaztelu, ‘Txapote’; y a Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.
La investigación de este atentado se retomó en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los ‘cerebros’ de este crimen.
Los informes de inteligencia elaborados entonces por la Guardia Civil permitieron al anterior titular de dicho juzgado, Santiago Pedraz, atribuir la autoría intelectual a ‘Iñaki de Rentería’ y Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, así como a los también miembros de la antigua cúpula etarra Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’; José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Insuntza’.
El igualmente exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ declaró ante Abascal el pasado 21 de diciembre de 2021 por videoconferencia desde Donosti para negar su participación en los hechos y atribuir las pruebas en su contra a supuestas torturas a presos vascos.
Por su parte, ‘Iñaki de Rentería’ se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado 21 de febrero de 2022. El otrora jefe de ETA solo hizo uso de la palabra para negar su implicación como autor intelectual en el asesinato del concejal.
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