MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha revelado al juez de la Audiencia Nacional que investiga a José Luis Moreno por un presunto delito de estafa que RTVE adjudicó un contrato al productor televisivo y al cineasta Santiago Segura por valor de 6,2 millones de euros que nunca llegó a ejecutarse por la “falta de solvencia y falta de experiencia” de la productora.
Así se desprende de un oficio del pasado lunes, recogido por Europa Press, y en el que los agentes ponen el foco en el contrato suscrito en noviembre de 2017 entre el ente público y las productoras Integral Mundox y Amiguetes Entertainment relativo a la serie ‘Aquí mando yo’ y punto com’.
Los investigadores concluyen que tanto el contrato inicial como la adenda a dicho contrato fueron firmados por Moreno, siendo la última hoja de esos documentos firmada por el verdadero representante de la sociedad Integral Mundox: Raúl Pontvianne, que también figura como investigado en la causa.
Asimismo, sostienen “que la documentación aportada por Integral Mundox para mostrar su capacidad técnica y artística era supuestamente falsa, según las comprobaciones realizadas por los investigadores a través de fuentes abiertas de internet, y que por lo tanto carecía de la solvencia necesaria para acometer esta producción”.
VOTOS EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN
Fue debido a esa falta de solvencia cuando “el directivo de RTVE Fernando López Puig incorporó a la producción a la productora de Santiago Segura Amiguetes Entertainment”. En este punto, los agentes hacen alusión a una de las anotaciones encontradas en las agendas de Moreno en la que se podía leer: “Cerrar contrato director y mordida”.
La adjudicación del contrato se habría cerrado, explica la Guardia Civil, “a pesar de los votos negativos y abstenciones de algunos de los vocales del Comité de Audiovisuales”. Con todo, y “como cabía esperar, dada la falta de solvencia de la productora, así como la falta de experiencia de la misma, puesto que era una sociedad que nada tenía que ver con el mundo del espectáculo y que nunca había llevado a cabo producción ni grabación alguna, incumplieron todos los plazos del contrato inicial”, señala.
En esta línea, indican que tampoco se cumplió la adenda al mismo y finalmente “no llevaron a cabo la grabación de ninguno de los 26 episodios contratados”. Eso llevó a que les fuera “rescindido el contrato”, lo que RTVE comunicó a Integral Mundox en noviembre de 2018.
Los agentes también se hacen eco de la copia de la escritura de cesión de crédito otorgada por la citada sociedad a Semper Legis, apoderada por Javier Villalba. En la misma, se detallaba que Semper Legis había cedido a la primera un préstamo de 2,5 millones de euros que supuestamente habría de asumir RTVE.
SUPUESTA FINANCIACIÓN FRAUDULENTA
El ente público, sin embargo, aclaró a Villalba que RTVE no había “tomado razón” de la citada deuda porque no existía tal crédito con Integral Mundox.
La Guardia Civil asevera que “se desconoce si para llevar a cabo la reclamación del crédito de 2,5 millones de euros que decía Javier Villalba que le había cedido Integral Mundox este presentó algún tipo de factura o documento acreditativo”.
Los mismos “serían necesarios conocer para saber si por parte de las productoras se llegó a iniciar en algún momento la grabación de la serie o si, por el contrario, desde el principio se utilizó este contrato con RTVE para conseguir financiación de forma fraudulenta a través de entidades bancarias”.
MORENO, LA TARJETA DE VISITA
Todo ello en el marco de esta causa, en la que la Audiencia Nacional investiga entre otros al propio Moreno por un presunto delito de estafa. Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al “fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados”, “a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de capitales”; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los “máximos responsables” y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, “como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita” a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, “era el principal receptor de los fondos obtenidos”.
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil”, por lo que se ocuparían de crear las sociedades, “maquillarlas”, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de “empresas pantalla” administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían “grandes cantidades de dinero en efectivo” a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
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