MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, ha advertido de que una amnistía “para decir lo que es delito” situaría al país “ante un golpe de Estado dictatorial”, ya que el Gobierno “se impondría” sobre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, y “esto rompe con el Estado democrático y de derecho”.
“Esto sería inaceptable en un Estado de derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras”, argumenta JUCIL en un comunicado difundido desde su perfil en la red social X (antes Twitter) y del que se ha hecho eco la secretaria general de Interior del PP, Ana Vázquez, que ha ‘retuiteado’ el mensaje.
JUCIL comienza señalando que defiende la Constitución, que es “la norma que da sentido a España como Estado democrático”, y acto seguido enlaza con un texto sobre la “posible amnistía para los delincuentes catalanes”, en referencia al expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes y procesados por el ‘procés’.
“Esta asociación profesional cree en la separación de poderes que establece que el Parlamento elabora las leyes, el Gobierno las ejecuta y los tribunales hacen que éstas se cumplan”, argumenta JUCIL, que añade que el Gobierno “está autorizado a perdonar delitos a delincuentes confesos y condenados, pero no tiene autoridad para decidir qué es o no delito”, al ser esto último una tarea del Parlamento.
UN PODER SE IMPONE SOBRE LOS OTROS DOS
“Si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito en realidad estaríamos ante un golpe de Estado dictatorial, en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el Estado democrático y de derecho”, denuncia esta asociación representativa en el Consejo de la Guardia Civil.
El texto de JUCIL continúa señalando que una amnistía, como reclaman los partidos independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, “significa que tanto las órdenes que dieron los responsables en su día y el sufrimiento de los guardias civiles que velaron y fueron heridos para que se cumplieran fueron ilegítimas”.
“Y esto sería inaceptable en un Estado de derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras”, concluye el comunicado difundido por JUCIL en redes sociales.
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