MADRID/VALENCIA, 17 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Consell autorizó este viernes en Orihuela (Alicante) a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a interponer un recurso contencioso administrativo contra el real decreto del Gobierno que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.
El Gobierno valenciano, como adelantó este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, incorporará en su recurso la suspensión cautelar de los caudales ecológicos y destacó que la disposición adicional novena del real decreto “no es la que se sometió a consulta pública ni se corresponde con lo votado en el Consejo Nacional del Agua”.
El Consell argumentó que la disposición adicional novena de este real decreto, en su versión enviada al Consejo de Estado y aprobada por el Gobierno español, “no cumple adecuadamente -como expuso de manera acertada el dictamen del supremo órgano consultivo del Estado- con la función coordinadora para la cual fue concebida en origen y carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo esta coordinación y de compaginar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura”.
Por ello, autorizó a la Abogacía a recurrir el real decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
En concreto, precisó que la redacción de esta disposición adicional novena no es la que se sometió a consulta pública previa en enero 2022 y a información pública poco después. Además, subrayó que tampoco se corresponde con el texto que se sometió en debate y votación en la sesión del pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del Agua.
La Generalitat alegó que “la nueva redacción de la disposición adicional novena podría no ser conforme a derecho”, además de “los perjudiciales efectos socioeconómicos que, de su aplicación, podrían derivarse, así como la falta de rigor técnico en los cálculos y determinación del régimen de caudales ecológicos a aplicar”.
No obstante, señaló que el real decreto incluye “elementos positivos” para la Comunidad Valenciana, como la coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase por el acueducto Tajo-Segura y la creación de un ‘Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura’, así como el programa de medidas, para lo cual se constituye una comisión bilateral de seguimiento para cada comunidad autónoma.
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