MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado que el Consell aprobará un decreto de ayudas para adaptar los coches de las personas con discapacidad afectadas por la dana, independientemente de si han cobrado ya cualquier otra prestación de las aprobadas para paliar los estragos de la catástrofe natural provocada por la riada del pasado 29 de octubre, que inutilizó unos 130.000 vehículos.
Así lo aseguró en una entrevista en Servimedia, en la que detalló que el decreto saldrá adelante esta misma semana o “la siguiente”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya avisó en diciembre al Gobierno central de que las ayudas aprobadas no eran suficientes para las personas con discapacidad, que se ven obligadas a afrontar un sobrecoste para adaptar sus vehículos con rampas que en ocasiones asciende hasta los 10.000 euros.
La Generalitat promete ahora atender esta reclamación y lo hará “independientemente de que hubiesen cobrado cualquier otra ayuda”. Además, informó de que ya ha pagado 82 millones de euros a fondo perdido a más de 43.000 personas que se han quedado sin vehículo como consecuencia de la dana, que, a juicio de Camarero, ha sido “la tragedia natural más grande de la historia de este país”.
ASCENSORES
Los ascensores han sido otro de los desafíos que se han encontrado las personas con discapacidad que residen en las zonas afectadas por la catástrofe. Muchos de ellos han quedado inservibles cuando son una necesidad para que los valencianos que tienen movilidad reducida. Camarero, de hecho, reconoció que hay vecinos que no han podido salir de sus hogares en estos tres meses porque hay “miles de ascensores estropeados”.
Ante esta coyuntura, la Generalitat Valenciana reclamó al Consorcio de Compensación de Seguros que “priorice” las fincas y edificios en las que viven las personas con discapacidad para paliar con la mayor celeridad posible esta problemática. Según Camarero, la reparación del ascensor supone “un gasto muy grande” para las comunidades de vecinos, lo que obliga al Estado a poner el foco en estas urbanizaciones porque la norma general es que se nieguen a “anticipar los pagos del consorcio”.
Además, desveló que este pasado miércoles trató este mismo asunto con Mazón “para buscar fórmulas para ayudar a estas personas”. “Pero el problema y lo prioritario”, insistió, “es que el Consorcio priorice”, más cuando “no hay suficiente” mano de obras ni materiales. “Se están pidiendo piezas a todo el mundo, no solamente a toda España, el volumen es tal que no encuentran ni ascensorista ni piezas”, indicó.
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE DISCAPACIDAD
Al margen de la dana, la consejera de la Generalitat celebró que el Gobierno central vaya a aprobar el anteproyecto de la reforma de la Ley de Discapacidad y la Dependencia porque existe “un problema de financiación” dado que “no se calculó suficientemente bien” en su origen y el Ejecutivo “no cumple con su obligación de pagar el 50% a las comunidades autónomas”.
No obstante, reclamó que la modificación legislativa se acometa de la mano de las autonomías, más cuando “este Gobierno tiene muchas dificultades para hablar, negociar, consensuar y acordar” con ellas las medidas que luego tienen que “aplicar”.
Por último, Camarero presumió de los esfuerzos de la Generalitat en materia de dependencia y detalló que la lista de espera se ha reducido ya en un 30%. En estos momentos, hay 184.000 personas reconocidas en la Comunidad Valenciana con una inversión de 675 millones de euros.
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