El PSOE recaba el apoyo de sus socios para aprobar la próxima semana su ley contra asociaciones que hagan apología del franquismo
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía podrá forzar la disolución de asociaciones franquistas por la vía penal si aprecia delitos de incitación al odio o a la violencia, y en ese empeño los colectivos memorialistas estarán legitimados para colaborar con el ministerio público.
Así se recoge en una enmienda transaccional que el PSOE y sus aliados parlamentarios (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) han incorporado este miércoles en el Congreso a la proposición de ley que los socialistas impulsaron el pasado año para reformar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación.
Esa reforma, que el Congreso acordó tramitar en octubre de 2024 con el único voto en contra de Vox, busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
La propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, consiste en la inclusión de una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”.
El texto especifica que esa apología se podrá producir “bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.
La iniciativa socialista subraya que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal “el ejercicio de la acción en este tipo de procesos”.
UNA SEGUNDA VÍA DE DISOLUCIÓN
Pero a ese texto se ha añadido ahora una enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso Europa Press, para abrir otra puerta a la disolución, esta vez por la vía penal: “El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia”, recoge el añadido que se ha incorporado este jueves en la ponencia de la Comisión Constitucional.
Además, la enmienda permite reconocer la “legitimación activa” en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de estado de 1936 y de la dictadura”.
Tras su paso por ponencia, la previsión es que la ley del PSOE se lleve la próxima semana a la Comisión Constitucional y que en abril sea aprobada en el Pleno del Congreso, al tratarse de una ley orgánica, necesitará un respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para su aprobación y remisión al Senado.
La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones como la Fundación Franco, los intentos de disolución siguen otro camino y ya dependen del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar.
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