MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General del Estado propone que la Audiencia Nacional (AN) asuma el conocimiento de “algunos delitos contra el medio ambiente” que tengan una “grave repercusión” como fue el caso del buque petrolero ‘Prestige’, cuyo hundimiento el 13 de noviembre de 2002 a 52 kilómetros de las costas de Finisterre provocó una de los mayores desastres medioambientales de la historia de España.
Así se desprende de la memoria que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha entregado este jueves al Rey Felipe VI. En la misma, el Ministerio Público pone el foco en el “contexto de amenaza y destrucción cada vez mayor para los recursos naturales esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos”.
Eso, y el desarrollo “en los últimos años de los tipos penales protectores del medio ambiente en la legislación penal española, debería conllevar que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se defiende implicase la asunción por parte de la Audiencia Nacional –con las notas de especialización y extensión competencial a todo el territorio nacional características de este órgano judicial– del conocimiento de algunos delitos contra el medio ambiente”.
La Fiscalía detalla que para ello “habría que partir de criterios inspirados en los actualmente utilizados en la propia LOPJ”. Así, explica que la AN podría asumir casos cuyos “efectos catastróficos para los recursos naturales” afecten a “lugares pertenecientes a distintas audiencias”.
También, “que se produzca o se pueda producir grave repercusión para el medio ambiente o la salud de las personas del territorio de más de una audiencia” o que, “además del daño o riesgo ambiental, se causen perjuicios a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.
SUCESOS “CUYOS EFECTOS NO CONOCEN FRONTERAS”
La memoria pone el foco en el “caso de algunos delitos contra el medio ambiente, que se erigen, por su propia naturaleza, en un ejemplo paradigmático de suceso delictivo cuyos efectos no conocen fronteras políticas o administrativas”.
Así, la Fiscalía recuerda que “han pasado más de 21 años desde el hundimiento frente las costas españolas del Prestige, cuya instrucción judicial tuvo que ser asumida por un juzgado de instrucción de una pequeña localidad pese a las formidables implicaciones jurídicas de carácter internacional del suceso y la afectación a intereses de miles de personas y entidades de todo tipo”.
“Sin llegar a las vastísimas dimensiones de aquel desastre ambiental, durante este periodo de tiempo han ocurrido –y siguen ocurriendo– en España otros episodios con consecuencias medioambientales de gran calado cuya investigación ha debido llevarse a cabo nuevamente con dificultades muy considerables derivadas de la inadecuación para dicha tarea de los recursos humanos y materiales de órganos judiciales regulados y organizados desde el prisma del partido judicial, y ello, aun contando con el ímprobo esfuerzo de jueces, fiscales y funcionarios”, recuerda la memoria.
Cabe destacar que el fiscal encargado de la investigación del hundimiento del Prestige fue, precisamente, el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
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