MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Perú ha presentado este viernes un documento al Congreso de la República en el que se le insta a tramitar la posibilidad de impedir a la ex primera ministra Betssy Chávez abandonar el país.
Chávez, última jefa de Gobierno del expresidente Pedro Castillo, está investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el marco de la maniobra de Castillo para disolver el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción y que derivó finalmente en su destitución y arresto.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, ha manifestado que la ex primera ministra se enfrenta a un antejuicio político en el Parlamento, con lo que le corresponde al Poder Legislativo tramitar el mencionado requerimiento para que Chávez no pueda salir de Perú.
Por su parte, el fiscal adjunto, Marco Huamán Muñoz, ha reconocido que con esta petición la Fiscalía busca que la ex primera ministra Chávez afronte ante la Justicia nacional las investigaciones en marcha por su rol en aquella maniobra de Castillo, considerada por algunos sectores políticos como un “golpe de Estado”.
Ya el miércoles la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú emitió una alerta migratoria en contra de Chávez y de Roberto Sánchez y Willy Huerta, ambos exministros del Gobierno de Castillo, recoge la emisora andina RPP.
La semana pasada salieron a la luz unas imágenes inéditas en las que aparecía Castillo en connivencia con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el expresidente en el que anunciaba las anteriormente mencionadas medidas que, finalmente, no fueron respaldadas y derivaron en su detención.
Tras el arresto, la hasta entonces ‘número dos’ de Castillo, Dina Boluarte, ascendió a la Presidencia; mientras que sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles para protagonizar unas protestas que se han prolongado hasta la actualidad y en las que exigen la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones.
El Gobierno, por su parte, ha respondido con dureza a las protestas, en el marco de las cuales ya han fallecido en torno a 60 personas, lo que ha derivado en contundentes críticas por parte de organismos internacionales y potencias extranjeras.
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