MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía italiana ha abierto una investigación formal sobre la primera ministra, Giorgia Meloni, y varios miembros de su Gobierno por la deportación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad y que llegó a estar detenido en Italia pero quedó libre por errores de procedimiento.
Meloni ha confirmado en un mensaje en redes sociales que ha recibido la notificación de la investigación, que también habría sido enviada al ministro de Justicia, Carlo Nordio, del Interior, Matteo Piantedosi, y del secretario de Estado Alfredo Mantovan, en relación a este mismo caso.
La primera ministra, que ha vuelto a defender la gestión de su Gobierno, ha cuestionado el trasfondo de la causa, señalando por ejemplo que la denuncia parte de un abogado “cercano” a la izquierda y ha sido avalada por un fiscal que ya estuvo implicado en la causa abierta contra el dirigente ultraderechista Matteo Salvini por el supuesto secuestro de migrantes a bordo del barco de rescate de la ONG ‘Open Arms’.
También ha cargado contra el TPI y ha cuestionado que dicha corte emitiese la orden de arresto “justo cuando esta persona se disponía a entrar en territorio italiano”, después de haber pasado “doce días en otros tres estados europeos”, y que no la trasladase directamente al Ministerio de Justicia de Italia, motivo que llevó a un tribunal de Roma a autorizar la puesta en libertad de Al Masri.
“En lugar de dejarlo libre, decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por razones de seguridad”, ha explicado Meloni, que ha insistido en que no se dejará “chantajear” ni “intimidar” por este tipo de medidas judiciales. “Tengo la intención de continuar mi camino en defensa de los italianos, especialmente cuando está en juego la seguridad de la nación, con la cabeza bien alta y sin miedo”, ha proclamado.
EL TPI HABÍA PEDIDO EXPLICACIONES
Al Masri, que formaba parte de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras se encontraba en Turín para asistir a un partido de fútbol entre la Juventus y el Milán. Está acusado ante el TPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad –incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de violencia sexual– cometidos en Libia a partir de febrero de 2015.
En concreto, estos crímenes habrían tenido lugar en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra personas encarceladas por motivos religiosos, por comportamiento inmoral y homosexualidad, así como por su presunto apoyo a otros grupos armados.
El TPI ha pedido explicaciones a las autoridades por este caso y ha recordado a Italia que el Estatuto de Roma recoge “el deber de todos los estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes”, lo que habría implicado consultar con el tribunal cualquier posible contratiempo o decisión.
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