Reconoce falta de “uniformidad”, personal y equipos para perseguir delitos económicos
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha informado en su Memoria Anual de 2021 de que “continúan a la baja las defraudaciones de IRPF y suben ligeramente las defraudaciones de IVA y del Impuesto de Sociedades y de las defraudaciones a la Seguridad Social”.
Así consta en el texto que ha sido presentado este miércoles en el Tribunal Supremo durante la apertura del año judicial y que ya fue entregado por el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de la semana.
En el documento de 1.574 folios, recogido por Europa Press, el jefe del Ministerio Público ha señalado que “algunas Memorias” de las Fiscalía Provinciales reflejan un aumento “importante” de los procedimientos concursales tanto abreviados como ordinarios en todas aquellas secciones que tienen asumida esta materia.
Según ha explicado García Ortiz, el parón que procesalmente implicó la pandemia y los efectos de la crisis sanitaria “se reflejan en los datos de las fiscalías”, que “si bien han recuperado mucha actividad en comparación con el año 2020, no se alcanza la normalidad de las cifras de 2019”.
PIDE UN AUMENTO DE LA PLANTILLA
En el marco de la Memoria, el fiscal general ha reconocido que “no hay uniformidad” en el funcionamiento de las distintas secciones de delitos económicos de todo el territorio nacional, “dependiendo en gran medida de la organización de las jefaturas provinciales, que distribuyen el trabajo de la Fiscalía en función de los medios personales de que disponen”.
Ha admitido que “queda alguna Fiscalía provincial que no ha constituido la sección de delitos económicos por desaconsejarlo el escaso número de asuntos que tiene”. En la Memoria se hace mención a la Fiscalía de Jaén o Ávila, cuyas Jefaturas refieren que los delitos de carácter económico con trascendencia y complejidad son “escasos” y ello justifica la ausencia de la sección.
García Ortiz, sin embargo, ha defendido que “el grado de complejidad” que alcanzan muchos de los asuntos de la especialidad y el “elevado número de recursos que se interponen” han puesto de manifiesto lo “acertado” de crear secciones de delitos económicos en las Fiscalías Superiores.
Al hilo, ha subrayado que los cursos de formación para especialistas han permitido que los fiscales alcancen un “elevado” conocimiento sobre conceptos que son ajenos a otras áreas penales. Sin embargo, ha indicado que algunas Memorias –como la de Galicia o Castilla y León– han trasladado que, dada la intrínseca dificultad que supone la delincuencia económica, “se hace necesario que los fiscales puedan contar con apoyo externo en el desarrollo de su trabajo al menos a nivel de la comunidad”. Así, ha precisado que “sería deseable contar con el auxilio de un grupo de expertos en materias como contabilidad, derecho tributario, funcionamiento del mundo empresarial u otros”.
En el documento, García Ortiz ha insistido en la petición del Ministerio de aumentar las plantillas existentes, así como la percepción de un complemento económico de productividad. Y ha denunciado que, como no disponen de un sistema informático “normalizado e igual en todas las fiscalías”, los datos sobre la evolución de la delincuencia económica deben calificarse de “aproximados”.
RECUERDO AL FISCAL CAMPOS
En el marco del apartado de delitos económicos, la Fiscalía ha dedicado una mención a “la enorme pérdida que en el año 2021 sufrió la especialidad de delitos económicos con el fallecimiento en el mes de diciembre del Fiscal de Sala que hasta ese momento se encontraba al frente de la misma, Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo”.
Para el Ministerio Público, esta ausencia ha repercutido “profundamente” no solo en materia de delitos económicos y en los fiscales a ella dedicados, “sino que se hace extensiva a toda la carrera fiscal”. Según recoge la Memoria, Campos era un “compañero tan querido como respetado por sus cualidades humanas y profesionales”.
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